Tribuno Puntano

El 18 de junio de 2024 la detención de Juan Carlos Insúa en el puesto limítrofe de La Punilla desencadenó en una investigación que ahora tiene alrededor de 30 involucrados. El sindicalista con vínculos en el kirchnerismo está acusado de ingresar cocaína por la ruta 7, desde Buenos Aires (de donde es oriundo) y distribuirla en Merlo, localidades del Valle del Conlara, pero especialmente en Villa Mercedes donde instaló el negocio con Diego “El Gaucho” Funes. Los dos están en la cárcel como jefes de sus propias estructuras criminales.

A lo largo de la averiguación, que tramita bajo en el anterior sistema acusatorio, la Justicia Federal de Villa Mercedes ordenó incontables procedimientos donde no solo detuvo a personas, sino que también secuestró una gran cantidad de bienes.

Este año, Noemí Cnochaert, la esposa de Insúa, le pidió al juez Federal Juan Carlos Nacul que le restituyan un vehículo marca Nissan, modelo Kicks 1.6 Sense MT, una notebook ASUS y un iPhone 16 Pro Max. Además $22.200 pesos argentinos, €320 euros y US$ 265 dólares, pero no le hizo lugar. La defensa de la mujer apeló ante la Cámara Federal de Mendoza que terminó confirmando la decisión del magistrado de Villa Mercedes. La Justicia tiene en poder esas pertenecías desde el 21 de mayo de 2025.

Las averiguaciones sostienen que la mujer integró o fue parte de organización narcocriminal que lideraba su pareja, que era la comercialización de estupefacientes, principalmente cocaína. Que él la adquiría a proveedores de origen peruano, en el Área Metropolitana de Buenos Aires, y después la transportaba por la ruta nacional N° 7, hasta la provincia de San Luis.

En el territorio puntano, Insúa operaba con dos canales diferentes para ubicar el ilícito con el que se beneficiaban: por un lado, en Villa de Merlo (donde desarrollaron una red de comercialización al menudeo de cocaína liderada por el mencionado Insúa y Héctor Raúl Ramayo) y, por otro, en Villa Mercedes, proveyendo a la banda Diego “El Gaucho” Juan Ramón Funes. Este último recibía la mayor cantidad de sustancia que podría alcanzar los 5 o 6 kilos por semana).

En este contexto, según el Ministerio Público Fiscal tiene fundado que Cnochaert habría recibido ganancias producidas por la venta de estupefacientes en su cuenta bancaria, y que actuó como prestanombre de Insúa. Y sostiene que los bienes que se están reclamando “constituyen objeto de un eventual decomiso (art. 23 CP)”, y además son prueba en un futuro debate oral. Tuvo en cuenta que hay pericias pendientes sobre los elementos tecnológicos.

Al analizar las constancias de la causa, el Tribunal mendocino entendió que “no corresponde hacer lugar al recurso de apelación”, al considerar que hay suficiente sustento en la decisión que tomó el juez Nacul. Por eso decidió ratificar la negativa de devolver diversos bienes secuestrados y el dinero.

Las organizaciones de Insúa y Funes trabajaban de manera coordinada, pero con estructuras propias. “El Gaucho” comandaba un clan familiar donde estaban su cónyuge, hermano, suegra, cuñados y otros allegados. Se dedicaban al acopio, distribución y venta de estupefacientes.

Durante al menos seis meses la red de Insúa le suministró entre 4 y 5 kilogramos de cocaína por semana.

A pesar de que cada grupo mantenía su propia estructura e independencia operativa, ambas organizaciones realizaban tareas coordinadas de tráfico y distribución regional de sustancias ilícitas.

Quién es Insúa

Dirigente peronista. Pertenecía al Sindicato Obrero de Frigoríficos Empleado de Carne y Afines (SOFECA) y a la Federación de Trabajadoras y Trabajadoras Agrarios (FeTARA). A través de sus vínculos propuso crear la delegación San Luis del sindicato de la carne, y el 31 de enero de 2023 fue nombrado como delegado normalizador. Nunca trabajó en los rubros cuyos sindicatos integró en cargos jerárquicos. Desde el 2010 entró directamente a los sindicatos asesorando en el área de salud.

En su perfil de Facebook, donde se presenta como “director visual Farma & Salud”, se lo puede ver arriba de una moto, estilo chopera, junto a su familia, y de Florencio Randazzo cuando fue candidato el Frente Justicialista Cumplir en las elecciones legislativas de 2017. Fue parte además de la campaña que lo llevó a la presidencia a Alberto Fernández (2019).

Como delegado normalizador del sindicato de la carne, Insúa firmó un contrato en carácter de locador de un predio ubicado a las afueras de la ciudad: el camping de FETARA, sobre la ruta 8.

Ese lugar fue utilizado sistemáticamente por Insúa y sus socios para resguardar el material estupefaciente y entregarlo al mayor cliente, Funes, propietario de una quinta vecina a la que llamaban como el “campo de la merca”.