Tribuno Puntano

Un hombre imputado por la Justicia Federal por el delito de comercialización de estupefacientes agravada por la intervención organizada de tres o más personas hizo llegar a los medios de comunicación una carta escrita de puño y letra desde el Servicio Penitenciario Provincial, donde permanece detenido con prisión preventiva.

En el texto expuso su versión de los hechos por los que está detenido, reconoció haber participado en maniobras vinculadas con estupefacientes, aunque rechazó la acusación formulada por la investigación y atribuyó la comercialización de la droga a otro de los procesados, un abogado de la ciudad.

Al comienzo del escrito explicó por qué decidió hacer pública su versión y aseguró que su intención era que “se conozca la verdad de los acontecimientos”. Además, sostuvo que tomó esa decisión luego de sentirse responsabilizado por otro de los imputados, quien, según afirmó, lo acusó de colaborar con la Justicia y lo habría difamado dentro del Servicio Penitenciario.

A lo largo de cinco páginas relató cómo comenzó su vínculo con el abogado, que tiempo atrás había ejercido su defensa en una causa judicial. Según relató, esa relación derivó en pedidos para conseguir cocaína y marihuana, a cambio de cancelar una deuda por honorarios profesionales. También aseguró que lo que inicialmente iba a ser una situación excepcional terminó convirtiéndose en una práctica reiterada.

De acuerdo con su versión, durante una reunión en el estudio jurídico el letrado le planteó una alternativa para saldar la deuda. Recordó que le dijo: “Hay una forma de solucionar esto. Una mano lava la otra y ambas lavan la cara”, y que luego le pidió que retomara contacto con personas vinculadas al mercado de estupefacientes para conseguir droga. El imputado sostuvo que aceptó porque le transmitió tranquilidad respecto de las consecuencias.

En el escrito también admitió que obtenía beneficios personales, como consumir cocaína sin costo.

Sostuvo que con el tiempo esas solicitudes se volvieron habituales y que su participación consistía en facilitar la obtención de los estupefacientes y realizar las transferencias de dinero para concretar las operaciones, mientras que la venta y distribución quedaban en manos del otro acusado.

En otro tramo de la carta aseguró que, tras convertirse en padre, intentó apartarse de esa situación y que incluso redactó una carta documento para frenar las presuntas amenazas que recibía, aunque nunca llegó a enviarla. Ese documento, según dijo, fue secuestrado durante el allanamiento realizado en su vivienda.

Además, negó que hubiera existido una organización integrada por los tres imputados de la causa y sostuvo que los otros dos nunca tuvieron contacto entre sí, por lo que rechazó la figura de una asociación para cometer los delitos que investigaba la Justicia Federal.

“Reconozco el delito que cometí y me arrepiento, pero no del que me quieren atribuir”, manifestó sobre su propia situación procesal.

También reconstruyó lo que, según dijo, fue el último encuentro que mantuvieron antes de los allanamientos. Sostuvo que el otro acusado llegó a su vivienda para devolver cocaína porque no estaba conforme con su calidad y le pidió que consiguiera otra. Afirmó que horas después se produjo el operativo policial y ambos quedaron detenidos.

En el tramo final insistió en que su intervención se limitó a conseguir los estupefacientes y volvió a atribuir la venta y distribución al letrado.

Consultado por El Chorrillero, el juez Federal Juan Carlos Nacul, sostuvo que el escrito no modifica la situación procesal de los tres imputados.

Explicó que todos cuentan con procesamiento firme por el delito de comercialización de estupefacientes agravada por la intervención de tres o más personas y que la calificación no fue impugnada. Además, adelantó que la causa se encuentra próxima a ser elevada a juicio ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de San Luis.

El magistrado indicó que el delito prevé una pena mínima de seis años de prisión y cuestionó que las explicaciones hayan sido realizadas a través de los medios de comunicación y no en sede judicial.

También remarcó que las manifestaciones contenidas en la carta no alteran la responsabilidad penal de quien las formula. En ese sentido, sostuvo que, aun cuando una persona afirma haber actuado por pedido de otra, esa circunstancia no la exime de responder por sus propios actos.