Tribuno Puntano

L a jueza de Garantía Nº 4 de San Luis, Luciana Banó, dispuso extender por treinta días las medidas de coerción impuestas a tres exministros del gobierno de Alberto Rodríguez Saá y dos exintendentes, uno de San Francisco y otro de Cortaderas, investigados por fraude al Estado provincial.

La magistrado hizo lugar al pedido de la Fiscalía de Instrucción N° 6, en una audiencia realizada este miércoles 29 de julio. Dispuso prorrogar por treinta días las restricciones para los ex ministros de Seguridad del gobierno provincial Luciano Anastasi, Claudio Latini y Ernesto “Pipi” Alí (actual diputado nacional, investigado en este caso por su desempeño como ex intendente de La Toma) y los exintendentes Jeremías Vivas, de San Francisco, y Mario Canali, de Cortaderas.

Las medidas renovadas incluyen la obligación de firmar el libro de imputados y la inhibición general de bienes por el plazo previsto en la normativa registral.

Respecto de la prohibición de salir de la provincia, la jueza aclaró que fue mantenida para la mayoría de los imputados, aunque recordó que esa restricción ya había sido dejada sin efecto anteriormente para Anastasi. Y en el caso de Alí, precisó que nunca se le impuso esa medida debido a su condición de legislador nacional.

Asimismo, la jueza informó que ordenó librar oficio a los registros de propiedad a fin de que dejen sin efecto la prohibición de contratar que había sido dictada al momento de la formulación de cargos, en septiembre de 2025, en cumplimiento a lo resuelto respecto a esa medida cautelar por el Tribunal de Impugnaciones.

Los cinco exfuncionarios fueron imputados en septiembre de 2025 por presuntas maniobras de fraude en perjuicio de la administración pública, abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público.

Según la imputación, mientras ejercía como ministro de Seguridad, Anastasi suscribió convenios con intendentes locales que preveían refacciones en comisarías, cuarteles de bomberos y dependencias policiales. Los contratos fueron adjudicados de manera directa y establecían anticipos de hasta el 40% del monto total.

Sin embargo, sostiene la fiscalía, se realizaron desembolsos que superaron ampliamente lo pactado, sin que existiera inicio, avance ni finalización de las obras comprometidas.

Posteriormente, bajo la gestión de Latini como ministro, los contratos fueron rescindidos “de común acuerdo” y bajo el argumento de la inestabilidad económica y crisis inflacionaria, pese a que ya se habían efectuado las transferencias millonarias. Informes técnicos y constataciones judiciales de 2023 y 2024 confirmaron presuntamente que los trabajos nunca se realizaron y que los sitios permanecían en estado de abandono.

En su teoría del caso, la Fiscalía calificó los hechos como parte de un “modus operandi” reiterado: celebración de contratos, liberación de fondos millonarios y posterior rescisión sin rendiciones ni ejecución de tareas.

Por estas presuntas maniobras, el Ministerio Público Fiscal imputó a Luciano Anastasi y Claudio Latini, ambos ex ministros de Seguridad del gobierno provincial, por los delitos de fraude en perjuicio de la administración pública, abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público, en concurso real.

En tanto, el ex intendente de La Toma y actual diputado nacional Ernesto Alí, junto a los exintendentes Jeremías Vivas (San Francisco) y Mario Canali (Cortaderas), fueron imputados como coautores de fraude en perjuicio de la administración pública y abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público, en concurso ideal.