La Fiscalía le formuló cargos por abuso sexual simple, amenazas y resistencia a la autoridad. Aunque la jueza consideró acreditados los riesgos procesales para dictar la prisión preventiva, dispuso que cumpla 60 días de arresto domiciliario por su condición de salud y discapacidad. LE DIERON PRISIÓN DOMICILIARIA: ABORDÓ A UNA ADOLESCENTE, AMENAZÓ A UNA FAMILIA Y ENFRENTÓ A POLICÍAS CON UN CUCHILLO.
Wednesday, 29 Jul 2026 19:31 pm

Tribuno Puntano

Un hombre fue imputado este martes por los presuntos delitos de abuso sexual simple, amenazas y resistencia a la autoridad, a raíz de un hecho denunciado el 26 de julio por la madre de una adolescente de 15 años.

La audiencia se realizó ante el Juzgado de Garantía Nº 2. Según expuso la fiscal adjunta de Género Nº 2, Mercedes García, el imputado habría abordado a la adolescente cuando se encontraba frente a su vivienda. “De forma repentina y brusca y sin razón alguna se le acerca, la toma por la fuerza, la envuelve con sus brazos y la intenta besar contra su voluntad”, describió.

La víctima pudo gritar, su padre la escuchó e inició una persecución. Logró alcanzarlo en inmediaciones del domicilio, ubicado en la zona oeste de la ciudad de San Luis. Mientras varios vecinos intentaban retenerlo hasta la llegada de la Policía, el imputado habría amenazado a la madre de la adolescente y a la madre: “Mírame bien y no te olvides de mi cara porque vas a saber lo que le va a pasar".

Posteriormente, el hombre consiguió escapar, aunque pocos minutos después fue localizado por personal policial gracias a las características aportadas por la familia. La detención se concretó a pocas cuadras, sobre calle Corrientes.

De acuerdo con la acusación, durante su aprehensión el hombre se resistió al procedimiento y amenazó con un cuchillo al personal policial. “No te acerques, ¿querés que te clave el ojo? No se acerquen, los voy a abrir o me corto yo”, les dijo según el relato de García.

Por esos hechos, la Fiscalía le atribuyó los delitos de abuso sexual simple, amenazas simples y resistencia a la autoridad, todos en concurso real.

El Ministerio Público Fiscal solicitó que permaneciera 60 días en prisión preventiva al considerar que existían riesgos de fuga y de entorpecimiento de la investigación, además de la necesidad de proteger a las víctimas mientras se producen distintas medidas de prueba.

En representación de la querella intervino la defensora Oficial de Niñez, Adolescencia e Incapaces N° 3, Silvina García, quien adhirió al planteo y respaldó el pedido de prisión preventiva. También solicitó una prohibición de acercamiento respecto de la adolescente y su grupo familiar, además del anticipo jurisdiccional de prueba mediante Cámara Gesell.

La defensora Oficial en lo Penal N° 3, Cecilia Cabello, no cuestionó la formulación de cargos, pero pidió sustituir la prisión preventiva por una medida menos gravosa. Argumentó que el imputado cuenta con Certificado Único de Discapacidad, fue diagnosticado con esquizofrenia y se encuentra bajo tratamiento médico. También informó que su abuelo ofreció recibirlo en su vivienda y que su madre supervisaría el cumplimiento del tratamiento.

Tras escuchar a las partes, la jueza de Garantía Nº 2, Agustina Dopazo Samper, tuvo por formulados los cargos. Aunque entendió que estaban acreditados los riesgos procesales y que correspondía la prisión preventiva, resolvió otorgarle 60 días de prisión domiciliaria en la vivienda de su abuelo, al considerar su condición de discapacidad y la necesidad de realizar un ajuste razonable conforme a la normativa vigente.

La magistrada dispuso que el Instituto de Reinserción Social controle diariamente el cumplimiento de la medida, ordenó el seguimiento del imputado por parte del Hospital de Salud Mental y de la Secretaría de Estado de Personas con Discapacidad, y advirtió que cualquier incumplimiento derivará en su traslado al Servicio Penitenciario Provincial.

Además, autorizó el anticipo jurisdiccional de prueba mediante Cámara Gesell para la adolescente y su hermana y ordenó una prohibición de acercamiento y de contacto con la denunciante, la víctima y todo su grupo familiar conviviente por el plazo de cuatro meses.