Tribuno Puntano

La presentación también requiere la suspensión preventiva de la magistrada mientras se desarrolla el proceso, al considerar que existen elementos suficientes para investigar su actuación en una causa ambiental vinculada al denominado caso Vulpiani.

Según la denuncia, Fernández Paz habría incurrido en causales previstas para el enjuiciamiento de magistrados, entre ellas desconocimiento inexcusable y grave del derecho, incumplimiento de los deberes inherentes a su cargo y graves irregularidades procesales que habrían afectado el prestigio del Poder Judicial.

El planteo de Fiscalía de Estado se centra en una resolución dictada por la jueza en una causa promovida por la Asamblea Ciudadana por el Vulpiani contra el Gobierno provincial y otros demandados. De acuerdo con el escrito, la magistrada calificó inicialmente el expediente como de monto indeterminado, aunque posteriormente le asignó un valor equivalente a 93.000 Jus, cifra que superaría los 3.900 millones de pesos a valores actuales.

Sobre esa base, sostiene la denuncia, se regularon honorarios profesionales cercanos a los 600 millones de pesos para cada uno de los abogados intervinientes, decisión que la Fiscalía considera arbitraria, desproporcionada y apartada de la normativa y jurisprudencia vigentes.

Zárate argumentó que la resolución cuestionada podría generar un grave perjuicio económico para las finanzas provinciales y afectar la confianza pública en el sistema judicial. Asimismo, fundamentó el pedido de suspensión preventiva en la existencia de numerosas causas en las que el Estado provincial es parte y que actualmente tramitan ante el juzgado a cargo de Fernández Paz.

Tras conocerse la denuncia, el gobernador Claudio Poggi respaldó públicamente la medida y cuestionó con dureza la actuación de la magistrada. A través de sus redes sociales, calificó la regulación de honorarios como “estrafalaria, desmedida y grotesca” y afirmó que puso en riesgo recursos públicos pertenecientes a todos los sanluiseños.

El mandatario sostuvo además que cualquier funcionario público que comprometa el patrimonio estatal debe ser investigado dentro del marco del Estado de derecho y consideró que la conducta atribuida a la jueza amerita la intervención del Jurado de Enjuiciamiento.