Tribuno Puntano

Lo que resolvió el Tribunal de Impugnaciones de la Segunda Circunscripción Judicial allanó el camino para que la Justicia lleve a Sergio Freixes a un juicio oral. Los jueces no hicieron lugar a los planteos de nulidad que presentó la defensa, y la imputación por asociación ilícita y administración fraudulenta en el Municipio Pueblo Ranquel quedó firme este jueves.

La prueba clave que lo acusa son dos pericias contables que desnudan los manejos irregularidades entre abril de 2020 y los primeros días de diciembre de 2023, cuando tuvo a cargo esa administración. Una cifra millonaria que transfirieron a cuentas personales, como también pagos que no se pueden justificar. Se estima un desfalco de aproximadamente 1 millón de dólares. Tenía el aval del ex gobernador Alberto Rodríguez Saá para disponer libremente de los fondos, y aportaron que usó su empresa, El Relincho”, para desviar los dineros públicos.

Freixes junto a Alberto Rodríguez Saá (h) se autoproclamaron lonkos para conducir todos los destinos de ese pueblo, inclusive consta que unos días antes de que se fueran del poder se transfirieron 50 millones del tesoro provincial.

María Bocca, Hernán Herrera y Marcelo Bustamante Marone confirmaron la acusación contra el ex ministro de Alberto Rodríguez Saá y otras tres personas: Sofía Aguilera, Arturo García Montani y Diego Lucero. Se pronunciaron sobre la apelación que hicieron (el pasado 28 de mayo) los defensores de los acusados en contra de la formulación de cargos. Ellos están en libertad, pero cumpliendo medidas de coerción: no pueden salir del país sin autorización de la Justicia, y deben firmar el libro una vez al mes. Freixes es el único que está en el Servicio Penitenciario cumpliendo una condena de seis años por hacer firmar renuncias anticipadas a los jueces antes de asumir sus cargos.

Los magistrados concluyeron que “se encontraban cumplidos los requisitos exigidos” para validar la acusación y confirmar la resolución que emitió la jueza de Garantía Natalia Pereyra Cardini, el pasado 11 de mayo. Para ello tuvieron en cuenta: la presencia de los imputados, la determinación fáctica y jurídica de los hechos, y la existencia de una sospecha razonable sustentada en elementos periciales, documentales y contables.

Entre las consideraciones, el Tribunal expresó que su intervención en esta instancia de apelación “se encuentra limitada a los agravios planteados por las partes”. Precisó que el análisis debía centrarse en determinar si la formulación de cargos realizada por la Fiscalía a cargo de Maximiliano Bazla Cassina, reunía los requisitos legales exigidos para esta etapa inicial del proceso; es decir si estaba caracterizada por la provisoriedad de las imputaciones y la existencia de una sospecha razonable sobre los hechos investigados.

En relación a la naturaleza y formulación de cargos, los jueces advirtieron que se trata de un acto formal que “anoticia a las personas que están siendo investigadas penalmente”, que les permite “conocer los hechos atribuidos, las evidencias reunidas y ejercer el derecho de defensa”.

En efecto puntualizaron que la audiencia donde los imputaron “no constituye un juicio anticipado ni una instancia de valoración definitiva de la prueba, sino el inicio formal de la investigación penal preparatoria”.

Destacaron que las evidencias expuestas por la Fiscalía “deben proporcionar una base razonable para sospechar la posible participación en el hecho investigado”. Tras el análisis comprobaron que el Ministerio Público Fiscal “describió de manera suficiente y circunstanciada la participación atribuida a cada uno de los imputados”.

Sostuvieron que las pericias contables, los registros bancarios y demás elementos incorporados a la investigación brindan sustento necesario en esta etapa de investigación.

De ahora en adelante el fiscal tendrá la posibilidad de producir alguna otra prueba pendiente, comenzar a confeccionar la acusación con el ofrecimiento de la prueba, y finalmente solicitar la audiencia de Control de Acusación que dará lugar a la elevación de juicio oral.

Lo que está pendiente es la formulación de cargos a Viviana Moreyra, esposa de Freixes, quien al momento de la imputación de las otras personas se encontraba internada por un problema de salud.

La Fiscalía tiene evidencias contundentes para comprobar que en el Gobierno anterior hubo hechos de corrupción cuando ex funcionarios manejaron la Comunidad Ranquel.

Para el fiscal “hubo actos ilícitos por parte de un grupo, donde cada uno aportaba para perjudicar al Estado, y no en beneficio del Pueblo Ranquel”. Donde cada uno “hizo una colaboración para que el Estado sufra una pérdida importante, brindaron participación para producir perjuicio, y todos actuaron de la misma manera”, con una actitud que buscó “el beneficio económico”.