Tribuno Puntano

10 meses después de ser detenido durante el operativo internacional Aliados por la Infancia V, Eduardo Luis Bonilla fue juzgado este jueves mediante un juicio abreviado por delitos vinculados a la tenencia, facilitación y distribución de material de abuso sexual infantil.

La audiencia se realizó en la Sala Oral N° 1 y estuvo encabezada por la jueza María del Valle Durán. La Fiscalía de Género N° 2, representada por Antonella Córdoba y Mercedes García, solicitó que la causa concluyera mediante el procedimiento alternativo acordado con la defensa y que el imputado, de 72 años, sea condenado a cuatro años de prisión domiciliaria.

Bonilla reconoció su responsabilidad como autor de los delitos de facilitación y distribución de representaciones de menores de 18 años en actividades sexuales explícitas y de tenencia de ese material con fines inequívocos de distribución. Los hechos están agravados porque parte de las víctimas eran menores de 13 años.

La investigación se inició a partir de un reporte emitido el 9 de junio de 2025, que detectó actividad ilícita asociada a una dirección IP vinculada al acusado. Durante el allanamiento realizado el 26 de agosto en una vivienda del barrio 123 Viviendas se secuestraron distintos dispositivos electrónicos.

Según expuso la Fiscalía, de manera preliminar se estableció que entre enero y abril de 2025 se habían descargado y compartido más de 2500 archivos digitales, de los cuales 370 fueron catalogados como de gravedad severa.

Sin embargo, el avance de los peritajes reveló una dimensión mucho mayor. Un informe elaborado por el Departamento de Delitos Complejos del Poder Judicial e incorporado a la causa en diciembre de 2025 identificó aproximadamente 164.000 imágenes y videos de abuso y explotación sexual infantil almacenados en distintos dispositivos.

El mayor volumen del material fue encontrado en una notebook, seguido por un disco rígido externo y un pendrive. Los especialistas también detectaron búsquedas específicas, utilización de aplicaciones de intercambio de archivos, navegadores con funciones de anonimato, archivos encriptados y herramientas con posibles efectos antiforenses.

Para la Fiscalía, esos elementos demostraron conocimientos técnicos y una conducta sostenida que excedía la mera tenencia del material.

Durante la audiencia, la fiscal Córdoba manifestó su conformidad con la calificación legal y con la pena acordada, aunque dejó expresamente asentado que, a título personal, no comparte que el cumplimiento de la condena sea bajo la modalidad domiciliaria.

La Defensoría de Niñez y Adolescencia N° 2, representada por Nahuel Lede Zajic y Belén Suárez, adhirió al planteo fiscal.

De ser homologado el acuerdo, Bonilla cumplirá la condena en un inmueble ubicado sobre avenida Lafinur de la ciudad de San Luis. Mientras tanto, continuará alojado en el Servicio Penitenciario Provincial bajo prisión preventiva.

La jueza Durán pasó la causa a resolver y dispone de diez días hábiles para decidir si homologa o rechaza el acuerdo alcanzado entre las partes.