Tribuno Puntano

El juez de Garantía N°1 de la Tercera Circunscripción Judicial, Nicolás Coppola, formuló  los cargos por los delitos de incumplimiento reiterado de los deberes de funcionario público y peculado, ambos en concurso real y en calidad de autor material.

El magistrado dispuso medidas de coerción por  120 días, que incluyen la inhibición general de bienes, la obligación de comparecer mensualmente ante la Fiscalía y la prohibición de salir del país.

La investigación se centra en la falta de rendición de cuentas durante los años 2018 y 2019, período en el que, según la acusación, la Municipalidad de Cortaderas administró más de 32 millones de pesos sin la  presentación de balances ante los organismos de control.

De acuerdo con la causa, el entonces intendente no presentó ocho balances trimestrales correspondientes a esos dos años y tampoco dio cumplimiento a las intimaciones del Tribunal de Cuentas, que había observado irregularidades y ordenado el reintegro de fondos.

El fiscal Marcelo Saldaño sostuvo que la pesquisa se encuentra en una etapa clave, en la que se busca reconstruir el recorrido del dinero público a partir de documentación bancaria, informes contables y testimonios.

“Necesitamos saber los movimientos bancarios y con la documentación que obtengamos y las testimoniales ver la trazabilidad del dinero”, explicó el fiscal Marcelo Saldaño. 

En ese sentido, la Fiscalía solicitó el levantamiento del secreto bancario tanto de las cuentas municipales como del propio ex intendente, con el objetivo de analizar los movimientos financieros del período investigado.

La causa se apoya en informes del Tribunal de Cuentas, documentación de la Contaduría General de la Provincia, registros de órdenes de pago y auditorías realizadas por organismos de control.

Saldaño también remarcó que el incumplimiento fue doble, ya que no solo no se presentaron los balances exigidos, sino que tampoco se restituyeron los fondos observados.  La fiscalía no descarta ampliar la acusación si surgen nuevos elementos durante la investigación.

La causa continuará sumando mas pruebas tales como  pericias contables, pedidos de informes bancarios y declaraciones testimoniales, con el objetivo de determinar el destino final de los recursos públicos cuestionados.