Tribuno Puntano

El ex juez civil José Agustín Ruta fue imputado penalmente este jueves en el marco de la causa Codapri–Banco Macro, una investigación que ya había derivado en su destitución e inhabilitación por 10 años por parte del Jurado de Enjuiciamiento.

La audiencia se desarrolló ante el Juzgado de Garantía Nº 4, a cargo de Luciana Banó. La acusación fue sostenida por el fiscal de Instrucción Nº 3, Esteban Roche. También intervino como querellante el abogado Marcos Juárez, en representación de la familia de Néstor Nóbile.

Ruta participó de manera virtual y estuvo representado por su defensor Carlos Bianchi Durán. Junto a él también fueron imputados el ex secretario judicial Marcos Figueroa, asistido por la defensora oficial Nadia Agúndez, y el abogado Juan Cruz Domínguez, acompañado por sus defensores Gabriel Varela y Hugo Scarzo.

La audiencia se concretó luego de reiteradas suspensiones impulsadas por las defensas, en una causa que investiga presuntas irregularidades en la ejecución de una sentencia civil contra el Banco Macro.

Según la teoría del caso expuesta por la Fiscalía, los hechos se originan en un litigio iniciado en 2010 entre la empresa Codapri S.A. y la entidad bancaria. Tras una sentencia favorable a la firma, se abrió un incidente de ejecución para avanzar en el cobro de los montos reconocidos judicialmente.

La audiencia de este jueves. (Foto Periódico Judicial)

En ese contexto, la acusación sostiene que el 10 de diciembre de 2020 se confeccionó un acta extraprocesal —es decir, un documento por fuera del expediente— en la que supuestamente se dejaba constancia de un acuerdo entre las partes para no recurrir determinadas decisiones vinculadas al embargo y a la disponibilidad de fondos.

Sin embargo, la Fiscalía afirma que esa reunión nunca existió y que el acta es falsa. Entre los elementos señalados, se destaca que el documento sólo cuenta con la firma del entonces secretario judicial y no de los abogados que habrían participado.

Además, el acta fue incorporada al expediente recién en septiembre de 2021, es decir, meses después de la supuesta reunión y tras el fallecimiento del abogado Néstor Nóbile, quien figuraba como uno de los participantes del acuerdo.

Para la acusación, ese dato es central, ya que entre la fecha en que se habría realizado el encuentro y la incorporación del documento murió una de las personas que podía confirmar o desmentir su contenido.

La investigación también se apoya en otros indicios, como registros de ingreso al edificio judicial durante las restricciones por la pandemia, análisis técnicos del archivo digital del acta, declaraciones de empleados y testimonios que ubican a Nóbile en otro lugar ese día.

Según la Fiscalía, el documento fue luego utilizado para respaldar decisiones dentro del expediente, en particular aquellas que habilitaron la liberación y transferencia de fondos millonarios en favor de Codapri. En ese marco, sostienen que Ruta se apoyó en ese supuesto acuerdo para considerar consentidas determinadas resoluciones y avanzar con los movimientos de dinero.

Por estos hechos, la Fiscalía imputó a Ruta y Figueroa como coautores de los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público y falsedad ideológica, mientras que a Domínguez le atribuyó este último delito.

Las defensas cuestionaron la acusación desde distintos enfoques. En el caso del abogado, su estrategia apuntó a plantear la “atipicidad manifiesta” de los hechos, al sostener que, aun si se aceptara la versión de la Fiscalía, no existiría delito.

En relación a Ruta, su defensa sostuvo que las decisiones atribuidas se enmarcaron en el ejercicio de sus funciones jurisdiccionales y remarcó la diferencia entre los actos del juez y las actuaciones administrativas de la Secretaría.

Tras escuchar a las partes, la jueza tuvo por formulados los cargos y dispuso medidas de coerción. Los imputados deberán presentarse a firmar una vez por mes durante 120 días.

Un abogado con otras investigaciones

Domínguez, quien actuó como representante de Codapri en el expediente civil, además está imputado en otra causa de mayor alcance, donde es investigado como presunto integrante —y señalado en algunos tramos como líder— de una estructura dedicada a la apropiación ilegal de inmuebles en la provincia, con delitos como asociación ilícita, estafa procesal y falsificación de instrumento público.