La causa fue declarada compleja, ampliando los plazos de investigación, y se dispusieron medidas cautelares como firma periódica ante Fiscalía por seis meses, prohibición de salir de la provincia e inhibición general de bienes.
La investigación fue impulsada por la Fiscalía de Instrucción en lo Penal Nº 1 de la cual también participa como querellante la Fiscalía de Estado representada por el abogado Santiago Calderón Salomón. La averiguación se basa en un incremento patrimonial considerado incompatible con los ingresos declarados y surgió a partir de una denuncia de una beneficiaria del Plan de Inclusión que cuestionó al ex funcionario al exhibir sus bienes materiales.
El juez rechazó la prisión preventiva, la domiciliaria y la suspensión laboral solicitadas por la Fiscalía y la querella, mientras que la defensa del imputado cuestionó la pericia contable y calificó la diferencia patrimonial estimada en 9 millones de pesos como insuficiente para configurar delito y, rechazó todas las medidas cautelares por falta de proporcionalidad y riesgo procesal concreto
El proceso continúa en etapa preliminar, con diligencias orientadas a reconstruir el patrimonio, investigar sociedades vinculadas y posibles terceros interpuestos.
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