La causa es compleja en sus detalles, pero sencilla en su lógica. Según la fiscalía, el mecanismo que se investiga puede explicarse en cuatro pasos: se firmaban contratos de obra pública, se transfería el dinero, las obras no se hacían y luego los convenios se rescindían sin exigir explicaciones.
Ese esquema —que el Ministerio Público define como un “modus operandi”— es el que ahora se intenta llevar a juicio oral contra los exfuncionarios Luciano Anastasi y Juan Claudio Latini, y los intendentes Ernesto «Pipi» Alí (La Toma), Jeremías Adrián Vivas (San Francisco del Monte de Oro) y Mario, Canali (Cortaderas), todos imputados por delitos contra la administración pública.
Cómo funcionaba el mecanismo según la denuncia:
El expediente describe una operatoria reiterada:
La Fiscalía es categórica: en varios casos, el dinero transferido alcanzaba para cubrir prácticamente la totalidad de las obras, pero no hubo ejecución real.
En agosto de 2022 se firmaron tres contratos para refacciones en dependencias policiales y de bomberos. Se transfirieron más de $20 millones en dos pagos.
¿Qué se encontró después?
Aun así, los contratos fueron rescindidos meses después sin que se exigiera una rendición detallada.
En noviembre de 2022 se replicó el esquema con dos contratos más para refaccionar la Comisaría de la localidad y la jefatura de la Unidad Regional. Hubo una transferencia superior a $5 millones.
Las inspecciones posteriores detectaron:
Otra vez, el dinero salió, pero las mejoras no aparecieron.
En 2023, ya bajo otra gestión dentro del mismo ministerio, se firmó un nuevo contrato por casi $15 millones para refaccionar la comisaría de la localidad.
Se realizaron tres transferencias, pero la obra quedó:
Incluso se pagó sin cumplir condiciones básicas del contrato, como la presentación de facturas.
El propio requerimiento fiscal lo formula sin rodeos: ¿Qué se hizo con el dinero? Esa pregunta atraviesa toda la causa y es la que deberá responderse en un eventual juicio.
El perjuicio estimado es de $35.857.807,37, pero la fiscalía agrega otro impacto menos cuantificable: la pérdida de confianza en la administración pública.
No se trata solo de dinero. Se trata de obras que debían mejorar comisarías, destacamentos y edificios públicos que, en muchos casos, siguen en estado de abandono.
Las imputaciones
Todos los acusados enfrentan cargos por fraude contra la administración pública, abuso de autoridad e incumplimiento de deberes de funcionario público.
Las penas solicitadas van de 4 a 5 años de prisión efectiva, más inhabilitación para ejercer cargos públicos.
Lo más relevante del caso no es un contrato aislado, sino la repetición del esquema.
Tres localidades distintas. Distintos convenios. Mismos resultados:dinero transferido, obras inexistentes y contratos cerrados sin explicación.
Para la fiscalía, esa reiteración no es casual. Es la base de la acusación. Y será, también, el eje del juicio si la causa avanza a esa instancia.
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