Tribuno Puntano

La Justicia de San Luis revisó la prisión preventiva del policía Matías Raúl Escudero y resolvió que continúe detenido, pero bajo la modalidad domiciliaria, en el marco de la causa en la que está imputado por la agresión a Brian Arévalo en el barrio 292 de la capital.

La audiencia se desarrolló este miércoles en el subsuelo de Tribunales y estuvo encabezada por el juez de Garantías N°3, Marcos Flores Leyes, quien dispuso modificar la medida de coherción y que el efectivo, que llevaba 11 días alojado en el Servicio Penitenciario Provincial, cumpla ahora 90 días de detención en su vivienda del barrio Los Caldenes del Oeste.

El magistrado mantuvo además las restricciones ya vigentes: prohibición de contacto y acercamiento con la víctima y con otros policías que participaron del procedimiento ocurrido el 9 de abril por la noche en la peatonal Mendoza.

Escudero está imputado por “lesiones graves agravadas por la calidad de funcionario público, en concurso ideal con abuso de autoridad y apremios ilegales”, tras un episodio en el que, según la acusación, golpeó a Arévalo luego de que este les pidiera a los motoristas que bajaran la velocidad mientras caminaba con su hijo y un amigo.

El fallo del juez se ubicó a mitad de camino entre las posturas de las partes. La defensa, que ahora encabezan los abogados Hugo Scarso y Gabriel Varela, había solicitado la liberación del imputado o, en su defecto, una domiciliaria breve de 10 días. La fiscal de Instrucción, Débora Roy Gitto, y la querella (Nedo Gómez y Cristóbal Ibáñez), en tanto, pidieron que continuara en el penal por riesgo de entorpecimiento de la investigación.

“Nuestra pretensión era sacarlo del Servicio Penitenciario, y eso se logró”, sostuvo Scarso tras la audiencia. Definió la decisión como una “solución salomónica” y anticipó que analizarán el plazo de la medida.

También confirmó que avanzará con una recusación contra la fiscal por “pérdida de objetividad” y una “persecución implacable” contra su defendido y otros agentes.

El eje del debate: la proporcionalidad

Durante la audiencia, la defensa centró su estrategia en cuestionar la legalidad del procedimiento y la proporcionalidad de la reacción del policía. Varela sostuvo que Escudero no fue detenido inicialmente, sino que se presentó por sus propios medios ante la Justicia, y afirmó que actuó dentro del marco de la ley orgánica policial.

Según su reconstrucción, Arévalo habría insultado a los efectivos y reaccionó con un codazo que desestabilizó al agente. En ese contexto, el golpe de Escudero fue presentado como una respuesta defensiva y proporcional.

“Si el ordenamiento jurídico ampara la conducta, no hay delito”, planteó Varela, quien también cuestionó la existencia de dolo y sostuvo que no hubo intención de agredir sino de controlar la situación.

Scarso, por su parte, fue más allá y aseguró que el denunciante incurrió en un hecho delictivo en flagrancia por resistencia a la autoridad. También calificó el proceso como una “aberración” y sostuvo que la formulación de cargos previa se realizó con “mala fe”, con pruebas que, según dijo, sorprendieron incluso al propio imputado.

Desde la Fiscalía, Roy Gitto rechazó esos planteos y sostuvo que el accionar del policía fue desproporcionado e injustificado. Remarcó que no se trató de un solo golpe, sino de varios, tal como “señalaron diferentes testigos”.

También subrayó que la víctima no representaba un peligro real al momento del hecho y que la Policía está entrenada para reducir personas sin recurrir a ese nivel de violencia.

La fiscal recordó que Arévalo sufrió lesiones de gravedad, entre ellas fractura del tabique nasal y del piso de la órbita ocular, además de hematomas y escoriaciones en el rostro. Por esas heridas debió ser intervenido quirúrgicamente.

En línea con esa postura, la querella calificó el episodio como un caso de violencia institucional. “La misión de la Policía es responder a la ciudadanía, no actuar de esta manera”, sostuvo el abogado Nedo Gómez, quien además habló de posibles maniobras de encubrimiento dentro de la fuerza.

“Me arruinaron la vida”

Uno de los momentos más relevantes de la audiencia fue la declaración del propio Escudero, quien habló por primera vez y dio su versión de los hechos con un extenso relato.

El agente explicó que el procedimiento se originó a partir de un aviso por el robo de una bicicleta y que, en ese contexto, patrullaban la zona en motocicletas. Según su reconstrucción, al llegar al barrio 292 se encontraron con Arévalo, quien, según afirmó, comenzó a insultarlos sin motivo.

“Recibimos insultos todos los días. Si nos bajáramos a pelear cada vez, no quedaría policía”, expresó. En ese sentido, sostuvo que intentaron dialogar, pero que la situación escaló cuando el hombre se negó a colaborar y mantuvo una actitud agresiva. La supuesta alta velocidad de los policías era el motivo de queja.

Escudero negó que la víctima estuviera con su hijo en brazos y aseguró que en realidad llevaba una mochila, mientras que el menor estaba acompañado por otra persona. También rechazó que haya habido una golpiza colectiva: “Es mentira que cuatro o cinco policías le pegaron al mismo tiempo”.

Sobre el momento clave, relató que al intentar realizar un palpado preventivo, recibió un codazo que lo desestabilizó. “Yo largo un golpe de puño, sí, lo reconozco. Pero fue en ese contexto”, admitió. Según dijo, su intención fue reducir al hombre y no agredirlo.

“Soy un ser humano también. Antes de ser policía, soy un ser humano”, afirmó. Y agregó: “Un golpe de puño no puede causar todo lo que dicen”.

También planteó que algunas de las lesiones podrían haberse producido durante la caída o por el impacto contra la motocicleta, y cuestionó la magnitud de las heridas en relación con la acción que reconoce.

En otro tramo de su declaración, denunció irregularidades en el proceso y aseguró que su detención le provocó un daño personal y familiar irreparable. “Me arruinaron la vida. Me destrozaron”, expresó.

Además, vinculó su situación con la protesta que encabezó su esposa frente a Tribunales, donde llegó a encadenarse para exigir su liberación. “Si mi señora no hacía eso, seguía preso”, sostuvo.

Luego, la Fiscalía insistió en que existe riesgo de entorpecimiento, dado que Escudero es policía en actividad, conoce a los testigos y podría influir en otros efectivos. También advirtió sobre un posible daño para la víctima y su entorno, ya que el imputado conoce su domicilio.

La defensa, en cambio, descartó esos riesgos y sostuvo que se trata de un “padre de familia” con arraigo, sin peligro de fuga ni capacidad real de interferir en la investigación.

El expediente ya había generado repercusión pública días atrás, cuando la esposa de Escudero, también integrante de la fuerza, se encadenó frente a Tribunales para exigir su liberación y denunciar irregularidades en el proceso.

La mujer sostuvo que no se le garantizó el derecho de defensa y afirmó que su esposo es inocente. “Quiero a mi marido afuera”, reclamó en ese momento.