Tribuno Puntano

El presidente del Colegio de Escribanos de San Luis, Martín Rachid, se defendió públicamente de la denuncia penal presentada en su contra y su hermano Pablo, en el marco de un conflicto por la compra de un departamento que nunca fue entregado.

A través de un descargo en redes sociales, negó cualquier responsabilidad en los hechos y calificó la acusación como “una maniobra sucia”.

“Entiendo que esta denuncia es una estrategia para obligarnos a negociar en sus propios términos, con la finalidad de obtener réditos ilegítimos y desproporcionados, utilizando de mala manera a la Justicia Penal”, expresó en una publicación en Facebook.

En ese sentido, dijo que el conflicto ya se encuentra judicializado en el fuero civil desde hace menos de un año, ámbito que, según indicó, corresponde discutir el cumplimiento de contratos.

Rachid también vinculó la denuncia con su rol institucional. “Mi inclusión, su mediatización y el hecho de que se haya realizado un año después del inicio de la causa civil obedece a que, en virtud del cargo que hoy ocupo, podían obtener una mayor cobertura y presión mediática”, sostuvo.

El escribano afirmó que la operación cuestionada se realizó en 2016 con su padre, Amadeo Rachid, quien era el propietario del terreno donde se desarrollaba un proyecto inmobiliario.

“Yo nunca cobré dinero, es más ni siquiera presencié la realización de esos pagos”, aseguró.

Además, explicó que, si bien brindó una opinión sobre el armado legal del emprendimiento, esa responsabilidad fue delegada en otro profesional debido a que la ley le impide intervenir como escribano en asuntos que involucren a familiares directos.

Enfatizó que no tuvo participación en la ejecución del proyecto: “Nunca estuve a cargo del edificio en cuestión, ni de la administración del dinero, ni del cobro ni de la construcción”.

Seguidamente dijo que esa situación habría sido reconocida por una de las denunciantes (Silvia Marinoni) en conversaciones privadas que, según adelantó, serán presentadas como prueba ante la Justicia.

Por último, afirmó que no se dejará “coaccionar por este tipo de maniobras poco éticas e ilegales”  y que se pondrá a disposición para el esclarecimiento del caso, al tiempo que anticipó que iniciará acciones contra quienes “intenten perjudicar” su imagen.

La denuncia en cuestión fue presentada por Daniel Lusich y su esposa Silvia Marinoni, quienes en 2016 invirtieron en la compra de un departamento en el barrio privado Aires de Fátima, en Juana Koslay. El proyecto se desarrollaba sobre un terreno propiedad de Amadeo Rachid, padre de los denunciados.

Según expusieron junto a su abogado Federico Putelli, pasaron 10 años desde la firma de los contratos sin que la obra se haya concretado. El emprendimiento incluía locales comerciales, un edificio (actualmente inconcluso) y un barrio cerrado.

De acuerdo al relato, tras el fallecimiento de Amadeo Rachid, la continuidad del proyecto quedó en manos de sus hijos. En ese contexto, sostienen que Martín Rachid tuvo participación en el armado legal y contractual, mientras que su hermano Pablo estaba a cargo de la construcción.

El matrimonio indicó que realizó pagos por un total que, actualizado, rondaría los 200 mil dólares, sin que se haya cumplido la entrega prevista para noviembre de 2018. También señalaron que, tras años de reclamos, se interrumpió el contacto y no recibieron propuestas de solución.

Putelli encuadró el caso como un “abuso de confianza” con perjuicio económico y moral, y sostuvo que existieron reiteradas promesas de cumplimiento que no se concretaron.

“Uno de los objetivos de la denuncia es que, llegado el momento, se pueda avanzar en una conciliación o en una reparación integral del daño, tal como lo prevé el Código Penal”, aseguró el letrado.

Actualmente, además de la causa penal, los damnificados participan como acreedores en un expediente sucesorio vinculado al proyecto.

La defensa completa de Martín Rachid

En vista a la publicación de varios medios por una denuncia penal en donde se me hace responsable injustamente de un delito, quiero dejar escritas las siguientes aclaraciones:

En primer lugar, entiendo que esta denuncia es una estrategia o maniobra sucia para obligarnos a negociar en sus propios términos, con la finalidad de obtener réditos ilegítimos y desproporcionados, utilizado de mala manera a la justicia penal, cuando recién hace menos de un año han iniciado una demanda civil, que es el lugar donde se discute el cumplimento de los contratos.

También entiendo que mi inclusión en esta denuncia, su mediatización y el hecho de que se haya realizado un año después del inicio de la causa civil obedece a que en virtud del cargo que hoy ocupo, podían obtener una mayor cobertura y presión mediática.

En segundo lugar quiero aclarar que el negocio y el supuesto pago lo realizaron con mi padre el año 2016, ya que él era el dueño de la tierra y por ende del proyecto urbanización que estaba naciendo. Yo nunca cobre dinero, es más ni siquiera presencie la realización de esos pagos.

En tercer lugar, manifestar que si bien por mis conocimientos yo opine del armado legal, esa área específica fue delgada en otro colega, ya que la ley me impide actuar como escribano en cuestiones que involucren a mis familiares directos.

En cuarto lugar, quiero enfatizar que NUNCA ESTUVE A CARGO DEL EDIFICIO EN CUESTIÓN, ni de la administración del dinero, ni del cobro y ni de la construcción.

Esta cuestión, que yo no tenía ninguna participación en la obra del edificio, fue admitida y reconocida expresamente por la señora MARINONI en los últimos mensajes de WhatsApp que intercambió conmigo (los que serán aportados como prueba en la justicia). Y esto lo sabía por ser madre de la arquitecta y suegra (luego ex suegra) del encargado de la construcción.

Para finalizar solo resta decir que no me voy a dejar coaccionar por este tipo de maniobras poco éticas y, a mi entender, ilegales y que me pongo a total disposición de la justicia para esclarecer la situación y tomando las acciones correspondientes contra quienes intenten perjudicar mi imagen.

Gracias