Hay días en que el Senado de la Nación se parece más a un set de televisión que a la casa de las leyes. Pero este 7 de abril, en el Salón Azul colmado, ocurrió algo distinto: durante la séptima Jornada contra las Falsas Denuncias no se discutieron cargos ni roscas, sino vidas concretas destruidas por una palabra mal usada, por un expediente mal tramitado, por un sistema que aprendió a castigar antes de probar. Y San Luis, aunque mire para otro lado, tiene nombres y apellidos propios en esa tragedia: uno de ellos es el del arquitecto Alejandro Quinteros.
MIRA LA ENTREVISTA A ALEJANDRO QUINTEROS: FALSA DENUNCIA DE ABUSO: ME ROBARON 11 AÑOS DE MI VIDA, HASTA EL DíA DE HOY SIGO SIN VER A MIS HIJOS.
El Senado, las lágrimas y un proyecto que incomoda
La escena es conocida: banderas, cámaras, asesores, discursos; pero el clima fue otro cuando empezaron a hablar las víctimas de falsas denuncias. La senadora Carolina Losada, junto a Juan Carlos Pagotto, presentó nuevamente su proyecto para modificar el Código Penal y endurecer las penas de quienes denuncian a sabiendas de que están mintiendo, especialmente cuando se trata de violencia de género, abuso sexual o delitos contra niños. La iniciativa, identificada como expediente S‑228/25, propone llevar las penas hasta seis años de prisión en los casos más graves, y agravar también el falso testimonio y ciertas formas de encubrimiento.
Hoy el artículo 245 del Código Penal es casi un chiste macabro: penas bajas, multas irrisorias, escasa aplicación real. En la práctica, quien miente en una denuncia muchas veces no enfrenta consecuencia alguna, mientras que el inocente soporta años de proceso, pérdida de trabajo, ruptura de vínculos, estigma social y, no pocas veces, devastación psíquica. Ese es el corazón político del proyecto de Losada: no se trata de “poner en duda a las mujeres” ni de desandar derechos conquistados, sino de reconocer que también existe la violencia ejercida mediante la mentira, la instrumentalización del sistema y el uso estratégico del discurso de género para fines espurios.
Rostros concretos: cuando el Estado empuja al abismo
Las historias que pasaron por el Senado estos años no son números, son biografías rotas. Diego Guacci, ex técnico de la selección femenina de fútbol, fue absuelto por la justicia, pero jamás recuperó su carrera: hubo escraches en la puerta de la AFA, titulares que jamás se rectificaron y un exilio silencioso en Italia porque en su país nadie quiso hacerse cargo de la absolución. Su esposa lo resumió ante los senadores: “no son calumnias o injurias, son crímenes que matan reputaciones, vínculos, salud mental y trabajo”.
Francisco Ghisoni contó que su madre les hacía ensayar testimonios falsos, practicar dibujos para simular pericias y que, pese a un veredicto absolutorio, la causa sigue abierta por apelaciones interminables. Un sistema que permite que un juicio se prolongue así, aun frente a la duda razonable, no es garantista: es cruel.
En paralelo, el Observatorio de Falsas Denuncias viene recopilando datos escalofriantes: 11 suicidios vinculados a procesos basados en denuncias que luego se demostraron falsas o gravemente inconsistentes, decenas de casos con pruebas de falsedad que no se traducen en reacción judicial, y un patrón reiterado de hombres separados de sus hijos por años sin una sentencia firme que justifique esa ruptura. “Las falsas denuncias arruinan vidas”, repite Losada, y es difícil contradecirlas cuando se escuchan estos relatos.
El problema es que el mismo Estado que se conmueve con estas lágrimas es, muchas veces, el que habilita la maquinaria que las produce: protocolos mal aplicados, pericias militantes, operadores judiciales que prefieren “no arriesgarse” y abren paso a restricciones de acercamiento, prohibiciones de contacto, medidas provisorias que se vuelven permanentes por simple inercia.
El equilibrio difícil: proteger a las víctimas sin consagrar la impunidad de la mentira
Nada de esto debe usarse como arma contra las verdaderas víctimas de violencia de género o abuso. Negar la realidad del machismo, minimizar la violencia estructural o reeditar el viejo “algo habrá hecho” sería no solo injusto, sino jurídicamente regresivo. El desafío está justamente en evitar los dos abismos: el de la desprotección total y el de la credulidad automática.
En términos jurídicos, la denuncia es el punto de partida de la investigación, no su conclusión. El relato de la víctima merece escucha, acompañamiento, medidas de protección cuando hay riesgo cierto, pero nunca debe confundirse con prueba plena. El principio de inocencia, el debido proceso, la exigencia de corroboración mínima de la imputación no son privilegios machistas, son garantías constitucionales que nos protegen a todos, incluidas las víctimas reales, porque un sistema que se desacredita por abusar de la presunción de culpabilidad termina también debilitando sus propias condenas.
Justamente ahí se inserta la propuesta de agravar las penas por falsa denuncia: como mensaje normativo claro de que el sistema también reacciona cuando se lo usa como arma de venganza o de disputa económica y afectiva. No se trata de criminalizar el error, la denuncia hecha de buena fe pero sin pruebas suficientes, sino la mentira deliberada, el armado consciente de expedientes, la instrucción de niños para declarar falsamente, el shopping de pericias hasta encontrar al profesional dispuesto a sostener cualquier versión.
San Luis en el espejo: el calvario de Alejandro Quinteros
Todo esto puede sonar lejano hasta que uno pronuncia un nombre conocido en San Luis: Alejandro Quinteros. Arquitecto, padre, denunciado en 2014 por su ex pareja por abuso sexual agravado contra su hijo menor. Según reconstruyen distintos informes periodísticos y el propio testimonio de Quinteros, las pericias en Cámara Gesell y estudios psicológicos fueron despejando, uno a uno, los indicios de abuso: el niño nunca fue ultrajado, no aparecían signos compatibles con la grave acusación inicial.
Sin embargo, el proceso penal se extendió casi una década. Durante años vivió con restricción de acercamiento, pérdida del vínculo con sus hijos, sospecha permanente en su entorno profesional y social, deterioro severo de su salud mental, pensamientos suicidas, la sensación de haber pasado de vivir a simplemente sobrevivir. En 2023, finalmente, llegó el juicio: el veredicto fue unánime y el arquitecto fue sobreseído. La justicia reconoció lo que las pericias venían sugiriendo hacía tiempo: no había delito.
“Me robaron 11 años de mi vida”, declaró Quinteros en exclusivo para el Tribuno Puntano, sintetizando en una frase la experiencia de tantos otros hombres en el país que quedaron atrapados en una versión puntana de la misma maquinaria que se denunció en el Salón Azul. Y el medio local que relató su caso no ahorró críticas: una justicia que, montada sobre una causa noble, se convirtió en herramienta de venganza, amparada durante años por un clima político que hacía del discurso feminista un paraguas conveniente para tapar otros fracasos en materia económica, de seguridad y narcotráfico.
La pregunta que la jornada del Senado deja flotando sobre San Luis es incómoda: ¿cuántos casos Quinteros hay hoy en nuestra provincia, todavía sin absolución, sin nota periodística, sin voz en el Congreso?
Lo que el Senado empezó a discutir y San Luis no puede seguir callando
El dictamen favorable en la Comisión de Justicia para modificar el Código Penal y agravar las penas por falsa denuncia, falso testimonio y encubrimiento en contextos de violencia de género y delitos sexuales marca un cambio de época. El Senado, con apoyo del oficialismo y sectores opositores, reconoce que las falsas denuncias son un problema social en crecimiento y que el Estado no puede seguir siendo neutral frente a quienes manipulan su poder punitivo.
Pero una ley nacional, por sí sola, no alcanzará si los operadores locales —fiscales, jueces, defensores, peritos, equipos psicosociales— no revisan sus prácticas cotidianas. San Luis necesita mirarse en el espejo del caso Quinteros con la misma honestidad brutal con que los senadores escucharon a Guacci, Ghisoni y otros en el Salón Azul. Necesita preguntarse cuántas veces se permitió que una medida “provisoria” se eterniza, que una pericia dudosa valiera más que tres concluyentes, que la prudencia se confunda con parálisis y el “por las dudas” con una condena anticipada.
Las falsas denuncias matan. Matan la reputación, la paternidad, los proyectos y, en casos extremos, la propia vida de quienes no soportan el peso de una acusación infame. Reconocerlo no es un retroceso en materia de derechos, sino un paso imprescindible para que el reclamo de las víctimas verdaderas no sea usado como escudo por quienes sólo buscan venganza.
El Senado ya empezó a discutirlo. En San Luis, la historia de Alejandro Quinteros nos recuerda que el silencio también es una forma de complicidad.
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