Tribuno Puntano

En 2009, el Gobierno de San Luis adjudicó a la empresa El Caburé S.A., presidida por Daniel Lucero, un predio de casi dos mil hectáreas ubicado en el kilómetro 144 de la Ruta Provincial N° 27, departamento Dupuy, en el marco del programa Pioneros del Siglo XXI. La promesa era ambiciosa: un centro de transferencia embrionaria equina, inversiones por siete millones de pesos, novecientas yeguas, trescientos embriones iniciales. La realidad fue otra.

Lucero abonó apenas cinco cuotas de las cuarenta y ocho pactadas y nunca cumplió con el objeto del contrato. En 2017 comenzaron las acciones administrativas para revertir la adjudicación, y en 2018 se dictó el decreto de desadjudicación. La empresa interpuso recursos que fueron rechazados por extemporáneos en 2022. Agotadas todas las instancias, el Estado no recuperó el campo. La gestión anterior sencillamente dejó pasar los años. Y el predio siguió siendo explotado.

El año 2022 marca un punto de inflexión. Aunque para ese momento el decreto de desadjudicación llevaba cuatro años de vigencia y los recursos habían sido rechazados en sede administrativa, Daniel Lucero no sólo continuó ocupando el predio sino que fue más lejos: firmó contratos de aparcería con dos empresas privadas sobre un campo que ya no le pertenecía.

Uno de esos contratos fue suscripto con Galia Norte S.A., representada por Germán Vaira, para la siembra de aproximadamente 440 hectáreas. El otro fue celebrado con San Jorge Cereales, representado por Alejandro Ingaramo y Alejandro Viano, para la siembra de 1.400 hectáreas adicionales. En total, cerca de 1.840 hectáreas de un campo recuperado formalmente por el Estado cuatro años antes fueron puestas bajo explotación agrícola por decisión de quien ya no tenía ningún título para hacerlo.

La fiscalía a cargo del fiscal Leandro Estrada ha señalado que las empresas contratantes podrían invocar buena fe si se demuestra que desconocían la situación jurídica del predio. Es una posibilidad que el derecho contempla. Sin embargo, la buena fe tiene límites que la diligencia profesional impone: quien celebra un contrato de aparcería agrícola sobre casi dos mil hectáreas tiene la obligación elemental de verificar la titularidad del bien. Un contrato de esa magnitud no se firma sin due diligence. La ignorancia, si existió, no fue sólo inocente: fue conveniente.

Lo que vino después revela la profundidad del entramado. Ambas empresas denunciaron a Lucero por desbaratamiento de derechos acordados, alegando que nunca les informó que el campo no le pertenecía. Sin embargo, en lugar de sostener esa vía penal, las partes llegaron a un acuerdo: Lucero les cedió acciones de un campo que, según la propia acusación fiscal, jamás fue suyo. El fiscal Estrada lo graficó con precisión: “Son pícaros.” Un acuerdo entre quienes debían denunciarse con mayor rigor no borra la responsabilidad; apenas dibuja los contornos de un negocio que nunca debió existir.

La conducta de los representantes de San Jorge Cereales fue más lejos aún. Alejandro Viano y Alejandro Ingaramo fueron imputados por usurpación ante la Fiscalía N° 3 por haberse introducido en el campo una vez que el Estado ya había recuperado formalmente la posesión en abril de 2024, colocando un candado en el ingreso durante una constatación judicial. Ingresar así a un inmueble estatal no es un error de buena fe: es una afirmación de dominio sobre lo ajeno.

El daño al Estado provincial resulta incuantificable. Una cosecha estimada entre 1.400 y 1.800 hectáreas de maíz —donde no hay registro serio del rinde— que fue comercializada sin registro contable oficial. Pero lo que resulta realmente incuantificable es el daño patrimonial que Daniel Lucero, Galia Norte S.A. y San Jorge Cereales, le propinaron a la Provincia de San Luis durante más 12 años explotando en forma discrecional un fundo del estado. 

Por eso, el daño al Estado tiene nombre: Daniel Lucero, que explotó un campo ajeno y lo cedió en aparcería sin título; Galia Norte S.A. y San Jorge Cereales, que operaron sobre ese campo y pretenden derechos sobre él. El fisco puede verse obligado a pagar por los frutos de una explotación que jamás autorizó.

La causa “El Caburé” es una prueba de estrés institucional para la justicia de San Luis. No se trata sólo de determinar si hubo buena o mala fe en los contratos de 2022. Se trata de establecer si quien explota un campo estatal durante años sin título legítimo, quien firma contratos de aparcería sobre un bien ajeno para obtener lucro, y quien irrumpe en un inmueble ya recuperado por el Estado puede escudarse en tecnicismos procesales para eludir su responsabilidad frente a la sociedad. La respuesta de los tribunales dirá mucho sobre el tipo de instituciones que San Luis quiere construir.