Tribuno Puntano

En una audiencia de formulación de cargos realizada este miércoles, la jueza de Garantía N° 4, Luciana Banó, resolvió tener por formulados los cargos contra Salvador Presti, el último imputado incorporado a la denominada mega causa por estafas inmobiliarias que se investiga en la provincia.

Con esta nueva imputación, ya son 16 las personas alcanzadas en la causa que tiene al abogado Juan Cruz Domínguez acusado de ser el líder de una presunta organización delictiva.

La formulación de cargos estuvo a cargo de la fiscal adjunta Ornella Costa, quien junto al fiscal de Instrucción Penal N° 1, Francisco Assat, llevan adelante la causa. También participaron los abogados querellantes Maximiliano Pipitone y Sebastián Pipitone, y la Fiscalía de Estado, representada por Florencia Bustos Samperisi.

Según expuso la fiscalía, Presti habría intervenido en una de las maniobras investigadas, vinculada a la apropiación ilegítima de un inmueble rural de gran extensión ubicado en la zona de Vallecitos.

De acuerdo a la hipótesis del Ministerio Público Fiscal, el hecho se habría desarrollado a partir de un esquema planificado que incluyó la obtención de la confianza del propietario mediante un poder para realizar gestiones administrativas; la construcción de una cadena dominial ficticia con documentación falsa; la promoción de una demanda judicial basada en esos instrumentos apócrifos; y la utilización de testigos falsos para sostener esa versión ante la Justicia.

Estas maniobras habrían permitido obtener una sentencia judicial favorable que ordenó la escrituración del inmueble a nombre del imputado, consolidando así la apropiación del bien a través de un proceso aparentemente legal.

En ese contexto, la fiscalía calificó provisoriamente los hechos como “falsificación de instrumentos públicos y privados, uso de documento falso y estafa procesal”, en calidad de autor.

Asimismo, solicitó medidas de coerción para asegurar la sujeción del imputado al proceso, entre ellas la firma periódica del libro de imputados, la prohibición de salida de la provincia y una medida cautelar de no innovar sobre un inmueble de su propiedad, con el objetivo de resguardar el bien ante un eventual decomiso.

Tanto la querella como la Fiscalía de Estado adhirieron a la imputación y a las medidas solicitadas por el Ministerio Público Fiscal.

Por su parte, la defensa de Presti, a cargo del abogado Maximiliano Del Signore, rechazó la acusación en todos sus términos. El defensor sostuvo que la imputación carece de precisión respecto del hecho atribuido y negó que su asistido haya participado en maniobras de falsificación o fraude. En esa línea, planteó que Presti podría ser, en realidad, una víctima dentro de un entramado más amplio.

Además, solicitó un plazo de 120 días para producir prueba y anticipó la realización de distintas medidas, entre ellas pericias y requerimientos a organismos públicos.

Luego de escuchar a las partes, la magistrada tuvo por formulados los cargos en los términos expuestos por la fiscalía e hizo lugar a las medidas de coerción solicitadas.

Qué se investiga en la mega causa

La investigación se centra en un presunto entramado delictivo vinculado a múltiples maniobras de apropiación ilegítima de inmuebles en distintos puntos de la provincia.

Según la hipótesis fiscal, se trataría de una organización que operó de manera coordinada y sostenida en el tiempo, con roles distribuidos entre sus integrantes según las necesidades de cada operación.

Las maniobras consistían en la generación de documentación falsa —como contratos, certificaciones notariales o constancias administrativas— que luego eran utilizadas para iniciar acciones judiciales y obtener sentencias favorables que habilitaran la transferencia de los bienes.

Un elemento clave del mecanismo era la utilización de domicilios falsos o controlados, lo que impedía que los verdaderos titulares fueran notificados. Esto derivaba en su declaración de rebeldía y facilitaba el avance de los procesos sin oposición, induciendo a error a los jueces intervinientes.

De esta manera, los inmuebles terminaban siendo inscriptos a nombre de los acusados en el Registro de la Propiedad.

De acuerdo a lo señalado por el fiscal Assat en distintas audiencias, el perjuicio económico involucrado sería de gran magnitud y la investigación —que ya supera los tres años— presenta una alta complejidad, tanto por la cantidad de personas involucradas como por las características de las maniobras analizadas.