Tribuno Puntano

Un grupo de abogados del foro local presentó formalmente una denuncia ante el Jurado de Enjuiciamiento contra la fiscal de Instrucción Penal en Género, Diversidad, Infancias y Adultos Mayores Nº 1, María Delia Bringas, a quien acusan de haber incurrido en graves irregularidades funcionales y presuntos delitos en el marco de un operativo internacional destinado a investigar delitos vinculados a la pornografía infantil.

La presentación fue realizada por los abogados Ana María López, María Victoria Robledo y Federico Farías, quienes solicitaron la apertura del proceso de enjuiciamiento, la remoción de la funcionaria y su suspensión preventiva mientras se desarrolla el trámite, al considerar que su permanencia en el cargo podría afectar el normal funcionamiento del servicio de justicia.

Según surge de la denuncia a la que accedió El Chorrillero, los hechos cuestionados ocurrieron en agosto de 2025, cuando en la ciudad de San Luis se llevó adelante un procedimiento que formaba parte de un operativo internacional denominado “Aliados por la Infancia – Red 24/7”, una red federal de cooperación entre fuerzas policiales y organismos judiciales para combatir delitos de explotación sexual infantil.

De acuerdo con la acusación presentada, el procedimiento se vio frustrado luego de que la Justicia declarara la nulidad total de los allanamientos realizados y otras graves medidas tomadas por Bringas durante las primeras actuaciones para atrapar al sospechoso. Varias determinaciones de la fiscal, incluso, se encuadran como delitos, según la presentación. La anulación de todo lo actuado -con la detención del sospechoso incluida- fue confirmada posteriormente por el Tribunal de Impugnaciones. Esa resolución dejó sin efecto las pruebas obtenidas y derivó en la liberación del principal acusado y que era investigado en la provincia.

Los denunciantes sostienen que la fiscal ordenó la realización de allanamientos en domicilios sin contar con la autorización judicial correspondiente y que, posteriormente, se habrían consignado datos incorrectos en las actas del procedimiento para justificar esas actuaciones erróneas.

En concreto, los abogados López, Robledo y Farías señalan que el 26 de agosto de 2025 se efectuaron allanamientos en distintos accesos de una misma propiedad antes de contar con la orden judicial obligatoria. Horas más tarde, Bringas solicitó la autorización formal para esos procedimientos, lo que derivó en la nulidad de todo lo actuado. Para los abogados denunciantes, estas irregularidades no constituyen un simple error administrativo, sino una violación grave de normas básicas de un procedimiento penal y de garantías constitucionales fundamentales.

“Un allanamiento ilegal es un delito”

En declaraciones a El Chorrillero, la abogada Ana López explicó que la gravedad del caso radica no solo en la irregularidad procesal sino en sus consecuencias institucionales. “Cualquier allanamiento ilegal es un delito grave, porque lo realiza un funcionario público. En el caso de un fiscal, conocer estas reglas es algo básico para cualquier abogado”, advirtió.

La letrada remarcó que el procedimiento formaba parte de una investigación internacional que ya contaba con información previa muy precisa sobre el sospechoso y que el objetivo principal era incautar equipos informáticos que contenían material de abuso sexual infantil. “Era un procedimiento muy simple porque la investigación ya estaba hecha. Solo había que pedir la orden judicial, ingresar, corroborar el material y detener a la persona. Sin embargo, todo terminó frustrado por irregularidades en la actuación”, subrayó.

La supuesta falsedad en un documento público

Uno de los puntos centrales de la denuncia es la presunta falsedad ideológica en un instrumento público, que habría consistido en consignar un horario distinto al real en el acta de allanamiento.  Según la presentación, ese cambio habría tenido como finalidad hacer aparecer el procedimiento como posterior a la autorización judicial, cuando en realidad ya se había realizado previamente. “Lo más grave fue que se insertó en el acta que los domicilios habían sido allanados después de la orden judicial, cuando en realidad eso ocurrió horas antes. Ese hecho, por sí solo, constituye un delito”, señaló López.

Los denunciantes consideran que esa conducta afectó directamente la validez del proceso judicial y derivó en la nulidad de la investigación, al menos en torno al sospechoso puntano, lo que tuvo consecuencias concretas sobre la persecución penal del delito.

Detenciones y privación de la libertad

Otro de los aspectos cuestionados en la denuncia es la supuesta privación ilegítima de la libertad de personas durante el procedimiento declarado nulo. Según consta en el expediente, el principal imputado permaneció detenido durante varios meses hasta que la Justicia ordenó su liberación como consecuencia de la nulidad de los allanamientos. Para los denunciantes, ese hecho demuestra el impacto directo que las irregularidades tuvieron sobre derechos fundamentales.  En la presentación afirman que la actuación de la fiscal habría provocado una cadena de vicios procesales que afectaron todo el procedimiento, desde el ingreso a los domicilios hasta las detenciones realizadas.

Los abogados López, Robledo y Farías sostienen que la gravedad del caso trasciende una causa particular y afecta la credibilidad de todo el sistema judicial sanluiseño. De acuerdo con la acusación, el operativo internacional en el que se produjo el procedimiento involucró a distintos países y organismos especializados en la lucha contra la explotación sexual infantil. En ese contexto, el caso de San Luis habría sido el único en el que la investigación no pudo sostenerse judicialmente. “El único lugar donde fracasó este operativo fue en San Luis. Eso le da a este caso una gravedad institucional muy profunda”, afirmó López.

La abogada también señaló que el objetivo del procedimiento era secuestrar equipos informáticos que contenían material destinado a la distribución de contenidos de abuso sexual infantil. “Era una investigación muy grande, de extrema gravedad por lo sensible del tema y el procedimiento terminó cayéndose por errores que no deberían haber ocurrido”, explicó.

Además del pedido de Jury de Enjuiciamiento, los abogados ya habían presentado una denuncia penal contra la fiscal por la posible comisión de delitos como allanamiento ilegal, falsedad ideológica, violación de domicilio y privación ilegítima de la libertad. Esa causa se encuentra actualmente en trámite en la Segunda Circunscripción Judicial de la provincia.

En la presentación ante el Jurado de Enjuiciamiento, las denunciantes sostienen que la reiteración de irregularidades, la declaración de nulidad del procedimiento en dos instancias judiciales y la existencia de una investigación penal en curso, constituyen elementos suficientes para analizar la responsabilidad de la fiscal.

Un segundo pedido de Jury

La fiscal ya fue denunciada en su momento al Jurado de Enjuiciamiento y la presentación fue desestimada. “Ella ya tuvo un pedido de Jury anteriormente. Este sería el segundo. Creemos que, frente a la gravedad de lo ocurrido, corresponde que se investigue su conducta y se determine si está en condiciones de continuar en el cargo”, afirmó.

El trámite ahora quedará en manos del instructor designado por el Jurado de Enjuiciamiento, encargado de analizar la conducta de magistrados y funcionarios judiciales cuando se los acusa de mal desempeño o irregularidades graves. De prosperar la denuncia, será el Jurado quién deberá decidir si corresponde abrir formalmente el proceso de enjuiciamiento y eventualmente, aplicar sanciones que podrían llegar hasta la remoción del cargo.