Tribuno Puntano

La sentencia de la Cámara de Apelaciones revocó, por mayoría, el fallo de la jueza Loretta Preska que en 2023 había condenado a la Argentina a pagar alrededor de US$16.100 millones a los fondos Petersen y Eton Park, apoyados por el litigante profesional Burford Capital. El tribunal consideró que Preska aplicó de manera incorrecta el derecho argentino al interpretar los estatutos de YPF y los alcances de la obligación de efectuar una oferta pública de adquisición a los minoritarios.

La decisión no niega que el Estado violó las reglas de juego que él mismo había ofrecido a los inversores, algo que la propia Cámara describe como una “violación flagrante” de los compromisos asumidos. Pero concluye que esa conducta no genera, en este caso, un derecho indemnizatorio exigible en Nueva York por parte de los accionistas que adquirieron sus títulos años después. En términos prácticos, la consecuencia es inmediata: el intento de Burford de ejecutar el fallo y avanzar sobre activos argentinos queda desactivado y sus chances de cobrar se reducen drásticamente, como lo reflejó el desplome de sus acciones.

La puerta formal a un recurso ante la Corte Suprema de Estados Unidos sigue abierta, pero el peso institucional de una sentencia de Cámara que revierte íntegramente el criterio de primera instancia altera por completo el tablero. Lo que hasta ayer era una condena casi inevitable se ha convertido hoy en un precedente que limita el alcance de los tribunales neoyorquinos para revisar decisiones soberanas cuando el propio diseño normativo del país demandado ha sido mal entendido por el juez de grado.

Del desorden a la estrategia: el giro técnico bajo Macri

Para entender este desenlace hay que retroceder a la forma en que la Argentina encaró el juicio tras la expropiación de YPF en 2012. Durante años, el caso se gestionó con una mezcla de improvisación, argumentos defensivos cambiantes y una subestimación de la sofisticación del foro de Nueva York, escenario habitual de litigios complejos en materia de deuda y mercados de capitales.

El gobierno de Mauricio Macri introdujo un giro que pasó desapercibido en la discusión doméstica pero resultó decisivo en el largo plazo: profesionalizó la defensa, aceptó que la batalla se daría en el terreno técnico del derecho corporativo y del derecho internacional privado, y rehízo la estrategia en torno a dos ejes. Por un lado, ordenó el frente interno —coordinación entre Procuración del Tesoro, YPF y Cancillería— para que el mensaje jurídico de la Argentina fuera consistente y previsible ante los jueces y ante el propio mercado. Por otro, priorizó la construcción de un relato jurídico coherente sobre qué dice el estatuto de YPF, cómo se articula con la ley argentina aplicable y cuáles son los límites del foro de Nueva York para transformar en deuda indemnizatoria una decisión política de renacionalización.

Ese trabajo de hormiga —que incluyó la preparación de peritajes en derecho argentino, la sistematización de antecedentes societarios y la depuración de líneas argumentales débiles— no impidió que Preska dictara su fallo adverso en 2023, pero dejó sembrados los fundamentos para la apelación. En otras palabras, la derrota de primera instancia fue el resultado visible de un conflicto heredado, mientras que los cimientos de la victoria de hoy se construyeron durante los años en que la defensa dejó de ser un ejercicio declamativo para convertirse en una política de Estado.

Milei y la decisión política de profundizar la defensa

Cuando Javier Milei llega a la Casa Rosada se encuentra con un cuadro crítico: una condena multimillonaria, órdenes judiciales que incluso llegaron a exigir la transferencia del 51% de las acciones de YPF a un fideicomiso en Nueva York como garantía, y un frente externo saturado de frentes abiertos. La opción fácil hubiera sido usar el caso como excusa para una renegociación apresurada, pagando caro por una mala transacción a cambio de una foto política de “problema resuelto”.

El gobierno libertario eligió otro camino: asumió el costo político de defender una expropiación con la que ideológicamente no comulga, pero que debía ser protegida en tanto patrimonio estratégico de la Nación. Esa decisión se apoyó en la continuidad del equipo técnico y en la elevación del tema al máximo nivel político, con una coordinación estrecha entre la Procuración del Tesoro, la Secretaría Legal y Técnica, el Ministerio de Justicia y la Cancillería.

Los hitos previos ya mostraban esta línea: en 2025, la Cámara de Apelaciones había suspendido la orden de Preska que obligaba a transferir las acciones de YPF, permitiendo a la Argentina apelar sin entregar el control de su petrolera. En marzo de 2026, el tribunal fue más allá y emitió una decisión de fondo favorable al país, que el propio Gobierno calificó como un “hito histórico” y que Milei atribuyó al “rigor técnico” y a la “coordinación institucional” alcanzada en este tramo del litigio.

Que un gobierno que reivindica el libre mercado defienda en los tribunales internacionales una renacionalización ejecutada por un signo político opuesto habla menos de ideología que de la recuperación de la noción de interés nacional. Milei no defendió la expropiación como política económica, sino el principio de que las controversias sobre cómo se aplica el derecho argentino a una empresa argentina deben resolverse en clave jurídica, no como oportunidad de negocios para un fondo de litigios.

Diplomacia y derecho: un mismo frente

El caso YPF nunca fue un pleito meramente societario: se trató siempre de un conflicto que combinó derecho comercial, inmunidades soberanas, relaciones financieras y posicionamiento internacional de la Argentina. En ese tablero, la Cancillería tuvo un rol menos visible pero fundamental, articulando apoyos, habilitando la intervención del Departamento de Justicia de Estados Unidos y cuidando que la causa no contaminara otros frentes sensibles, desde la negociación de deuda hasta la agenda energética.

Ya bajo la administración Milei, la diplomacia económica y jurídica se alineó con la estrategia de defensa: se evitó la confrontación retórica con los tribunales estadounidenses, se priorizó el lenguaje técnico y se trabajó para que la causa no se leyera como un nuevo capítulo del viejo relato del “default permanente”, sino como una discusión interpretativa sobre derecho argentino. La mención expresa del presidente a funcionarios como María Ibarzabal, Sebastián Amerio, Juan Stampalija y Pablo Quirno no fue un gesto protocolar, sino el reconocimiento de que la defensa fue el resultado de un engranaje burocrático eficiente, algo poco habitual en la administración pública.

Cuando el Segundo Circuito concluye que la jueza de primera instancia interpretó mal el derecho argentino y que, en consecuencia, la condena no puede sostenerse, está validando indirectamente la tarea de ese entramado técnico y diplomático. En un mundo donde los tribunales de Nueva York se han convertido en árbitros de disputas soberanas, lograr que reconozcan la primacía de la correcta lectura de la ley local es un triunfo que excede con mucho el monto económico en juego.

Una lección para la Argentina que viene

El mensaje de este fallo trasciende a YPF y a los gobiernos de turno. Enseña que la Argentina puede defender sus intereses estratégicos en los foros más exigentes si arma equipos profesionales, mantiene una línea jurídica coherente y entiende que la política exterior no se hace solo con discursos, sino con escritos, memoriales y audiencias bien trabajadas. Le recuerda también a la dirigencia local que las decisiones de alto impacto —como una expropiación— deben pensarse sabiendo que serán sometidas, tarde o temprano, al escrutinio de jueces que no comulgan con nuestras grietas ni con nuestras urgencias fiscales.

Hoy la Argentina se despierta sin la espada de un embargo masivo por el caso YPF pendiendo sobre sus activos, y con una petrolera que sigue bajo control estatal sin que ello se traduzca en una hipoteca judicial de US$16.000 millones. No es poco en un país acostumbrado a perder juicios resonantes por improvisación o por oportunismo político; es una rara ocasión en que la continuidad entre administraciones ideológicamente opuestas permitió convertir una crisis en oportunidad para reconstruir credibilidad.

La verdadera discusión que se abre ahora, puertas adentro, es si esta experiencia alcanzará para que el Estado argentino institucionalice esa forma de gestionar sus litigios internacionales o si volveremos, apenas pase la euforia, a la lógica de la improvisación permanente.