Tribuno Puntano

El fiscal de Instrucción N°2, Ricardo Barbeito, quedó en el centro de cuestionamientos por su actuación en causas vinculadas a presuntos hechos de corrupción, luego de resoluciones que derivaron en archivos o en la falta de accionar en expedientes de impacto institucional.

El eje de las críticas apunta a un patrón que se repite en más de una investigación: denuncias con montos millonarios y presunto perjuicio al Estado que no avanzan en sede fiscal, mientras Fiscalía de Estado sostiene el impulso de las causas con pedidos de medidas y apelaciones.

Los expedientes alcanzados por estas decisiones involucran a funcionarios de la gestión de Alberto Rodríguez Saá. En una de ellas están imputados el ex secretario General de la Gobernación, Miguel “Micky” Berardo y la ex secretaria de Deportes, Cintia Ramírez, mientras que en otra se investigaban presuntas irregularidades en el Ministerio de Seguridad que alcanzaban a los ex ministros Luciano Anastasi y Claudio Latini (ya condenado por corrupción).

La causa Ramírez–Berardo

Uno de los casos que vuelve a poner el foco sobre el fiscal es el que involucra a Ramírez y Berardo (esposo de la ministra del Superior Tribunal de Justicia, Carolina Monte Riso), acusados por presuntas irregularidades en contrataciones de obra pública en el tramo final de la gestión anterior.

En septiembre de 2024, ambos fueron imputados por la entonces fiscal Adjunta de Barbeito, Antonella Córdoba, por incumplimiento en los deberes de funcionarios públicos. Córdoba explicó que firmaron en pocos días tres contratos de obra vinculados a trabajos en predios deportivos, mediante contrataciones directas y con anticipos financieros del 70%, porcentajes superiores a los permitidos por la normativa vigente.

La acusación también menciona pagos efectuados sin certificación de obra y posibles irregularidades en la ejecución de los trabajos.

Durante la audiencia, el juez Marcos Flores Leyes dispuso medidas de coerción que incluyeron la firma periódica en el libro de imputados, la prohibición de salir de la provincia y la inhibición general de bienes, al considerar que existían elementos suficientes para avanzar con la investigación.

Sin embargo, casi un año y medio después, la causa no avanzó en el ámbito de la fiscalía a cargo de Barbeito, y las medidas tendientes a producir prueba fueron impulsadas por Fiscalía de Estado.

Desde ese organismo sostienen que son quienes vienen requiriendo oficios, informes y otras diligencias para sostener el proceso penal.

Nodos de seguridad

Otro caso es el vinculado a la adquisición de nodos de seguridad durante la gestión de los ex ministros Luciano Anastasi y Claudio Latini.

Según la denuncia, el proceso se inició con un presupuesto de más de $1.015 millones para la compra de 300 nodos de seguridad, pero terminó adjudicado a un único oferente por más de $1.221 millones, lo que representó un incremento cercano al 20%. De ese total, solo una parte de los dispositivos fue instalada, mientras que decenas de nodos quedaron almacenados sin utilización y otros permanecieron en poder de la empresa proveedora, lo que generó sospechas sobre un eventual perjuicio económico para el Estado.

La presentación también menciona contrataciones directas vinculadas a la infraestructura necesaria para el sistema, pagos realizados sin contraprestación efectiva y la elección de proveedores sin antecedentes en el rubro, elementos que fueron señalados como posibles maniobras de defraudación contra la administración pública.

Pese a la magnitud de los montos y las irregularidades señaladas, Barbeito resolvió archivar la causa al considerar que se trataba de un incumplimiento contractual sin relevancia penal, criterio que luego fue apelado por Fiscalía de Estado para reactivar la investigación.

La resolución generó malestar por entender que cerró de manera prematura una investigación vinculada a fondos públicos.

El vínculo con otras actuaciones cuestionadas

El rol de Barbeito también vuelve a quedar bajo análisis por su posición jerárquica dentro del Ministerio Público Fiscal. El funcionario es fiscal jefe de Alejandra Quiroga Nassivera, quien fue cuestionada recientemente por intentar archivar sin investigación una denuncia por presunta defraudación en la provisión de indumentaria para Bomberos.

En un contexto donde distintas investigaciones involucran fondos públicos y ex funcionarios, la actuación de los fiscales vuelve a quedar en discusión, con la mirada puesta en si las decisiones adoptadas contribuyen al esclarecimiento de los hechos o terminan profundizando la desconfianza social en el sistema judicial.