Tribuno Puntano

La sociedad de inversión privada EJS Investment Holdings presentó una propuesta de demanda colectiva ante la corte federal de Houston (Estados Unidpos) contra los bufetes de abogados Kirkland & Ellis, Jackson Walker y Brown Rudnick. La acción legal también incluye como demandados a un exjuez de quiebras y a una abogada. El litigio se fundamenta en la presunta ocultación de una relación sentimental entre el entonces magistrado y la letrada, quien se desempeñaba como socia en Jackson Walker mientras el juez supervisaba el proceso de quiebra de la productora de petróleo y gas Chesapeake Energy.

Según el escrito judicial, EJS Investment Holdings sostiene que su participación de 150 millones de dólares en la compañía petrolera se vio reducida de forma sustancial debido al plan de salida del Capítulo 11 formulado por las firmas de abogados y ratificado por Jones. La parte demandante argumenta que el esquema de reorganización favoreció los intereses de los inversores institucionales en detrimento de los acreedores subordinados, estimando perjuicios económicos que ascienden a los 64 millones de dólares debido a las decisiones tomadas durante el proceso concursal.

El origen de la controversia se remonta a octubre de 2023, fecha en la que el juez renunció a su cargo tras reconocer que compartía su residencia con la abogada. Hasta ese momento, el exjuez era una figura central en el sistema judicial de quiebras de Texas, gestionando una de las cargas de trabajo más altasdel país.

La demanda de EJS alega que los bufetes involucrados tenían conocimiento de esta relación y no cumplieron con el deber de revelarla, lo cual constituye la base de sus reclamaciones bajo la ley federal contra el crimen organizado (RICO) y figuras de derecho consuetudinario como la conspiración civil y el enriquecimiento injusto.

Desde la defensa, un portavoz de Kirkland & Ellis calificó la demanda como carente de fundamentos jurídicos. La firma manifestó que sus abogados no tuvieron conocimiento del vínculo personal entre los acusados hasta que el hecho adquirió carácter público a finales de 2023. Por su parte, la representación legal del juez sostuvo que la demanda intenta impugnar resoluciones que ya poseen carácter de firmes e inapelables, subrayando que el exmagistrado cuenta con inmunidad judicial por las decisiones dictadas en el ejercicio de sus funciones jurisdiccionales para garantizar el funcionamiento del sistema de tribunales.

El plan de salida aprobado en enero de 2021 permitió a Chesapeake Energy emerger de la protección por quiebra con una estructura que incluyó 3.000 millones de dólares en nuevo financiamiento y una quita de deuda de 7.000 millones de dólares. Durante el proceso, el tribunal autorizó el pago de honorarios profesionales que superaron los 32 millones de dólares para Kirkland, 900.000 dólares para Jackson Walker y 15 millones de dólares para Brown Rudnick. EJS afirma que propuso una alternativa de recuperación distinta, pero que los representantes del comité de acreedores declinaron impulsarla ante la magistratura.

Finalmente, el equipo jurídico que representa a EJS mantiene actualmente otras acciones legales pendientes relacionadas con la actuación de los acusados en otros casos de insolvencia. Esta nueva demanda se suma a una serie de litigios que buscan revisar las consecuencias patrimoniales de las decisiones judiciales emitidas en procesos donde la falta de revelación de conflictos de interés ha sido cuestionada por las partes afectadas.