La cantidad de demandas iniciadas en el Sistema de Riesgos del Trabajo alcanzó un máximo histórico y encendió alertas entre las aseguradoras. De acuerdo con datos difundidos este miércoles por la Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (UART), entre enero y noviembre de este año se notificaron 122.875 nuevos juicios, lo que elevó a 131.998 el total de causas acumuladas en los últimos doce meses.
Según el informe, la litigiosidad de 2025 muestra un aumento del 5,1% respecto del mismo período de 2024. La provincia de Buenos Aires continúa concentrando la mayor porción del universo judicializado, con el 39% de las demandas, mientras que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se mantiene como la segunda jurisdicción más litigiosa, con un incremento del 8% en su acumulado anual. Santa Fe superó su récord de 2019, con un crecimiento interanual del 26%, y Chubut registró la mayor variación relativa del país, con un salto del 44% en los primeros once meses del año. San Luis también mostró una expansión significativa: 20% entre enero y noviembre, y 22% en la medición móvil de doce meses.
La UART destacó que el fenómeno se produce en un contexto que calificó como “paradójico”. Pese al incremento sostenido de demandas, los accidentes laborales continúan descendiendo, explicaron. En los últimos años se verificó una reducción del 80% en fallecimientos y del 55% en accidentes en el ámbito de trabajo, cifras atribuibles al fortalecimiento de las políticas de prevención. Sin embargo, la judicialización crece de manera no correlativa: “Este récord histórico de casi 132.000 nuevas demandas agrava aún más la presión sobre el sistema”, señaló la entidad.
En ese marco, la cámara que agrupa a las ART insistió en la “necesidad urgente” de implementar el Cuerpo Médico Forense en las 18 provincias adheridas a la Ley N° 24.557 de Riesgos del Trabajo, promulgada en octubre 1995. Según la UART, se trata del único instrumento capaz de ordenar “el actual descalabro pericial”, aportar transparencia a los procesos y evitar “montos indemnizatorios abusivos” que -advirtieron- comprometen la sostenibilidad del esquema.
La entidad remarcó, a su vez, que los dictámenes periciales resultan determinantes en los juicios, ya que definen el grado de incapacidad y los cálculos indemnizatorios. También subrayó que la ausencia de un cuerpo forense unificado genera “criterios dispares y evaluaciones contradictorias que alimentan la litigiosidad”.
La advertencia de la UART se inscribe en un escenario más amplio de tensión por el costo de los juicios laborales. En las últimas semanas, un fallo que ordenó el pago de una indemnización de $250 millones a un trabajador con 26 años de antigüedad activó un fuerte debate público sobre el impacto económico del régimen de actualización judicial. Según la sentencia, la cifra respondió a la aplicación de la fórmula definida durante la emergencia sanitaria -Índice de Precios al Consumidor (IPC) más 3% anual- aplicada sobre un monto base de $9,4 millones en 2020, con el agregado de que las propinas fueron consideradas parte del salario.
Además, datos del Instituto para el Desarrollo Social Argentino (Idesa), relevaron que el universo de juicios laborales pendientes abarca un total de 637.330 causas. Y que en relación con los 6,3 millones de trabajadores formales del sector privado, los expedientes en trámite equivalen a alrededor del 10% del empleo registrado.
La misma discusión volvió a cobrar impulso con la reforma laboral que el Gobierno planea tratar en el Congreso, cuyo texto sostiene que busca “modernizar el régimen de empleo en Argentina a través de reglas claras y previsibles, que desalienten la judicialización y permitan el desarrollo de relaciones más ágiles”.
El proyecto, que el oficialismo intentará aprobar en sesiones extraordinarias, plantea redefinir conceptos remunerativos para reducir controversias, otorgar autoridad de cosa juzgada a acuerdos conciliatorios y aclarar que las propinas no constituyen remuneración, entre otros puntos vinculados -de manera indirecta- con la litigiosidad.
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