Tribuno Puntano

El Gobierno provincial busca que las situaciones de acoso escolar y bullying se resuelvan desde la raíz: los hogares. Es por eso que impulsa un proyecto de ley para que los padres se responsabilicen de las conductas violentas de sus hijos. Las sanciones previstas van desde multas y arrestos hasta trabajos comunitarios y la obligatoriedad de participar en programas de capacitación.

La iniciativa, que cuenta con el apoyo del gobernador Claudio Poggi, plantea que padres, madres y tutores deberán asumir consecuencias cuando no acompañen las intervenciones escolares o si hay una omisión evidente de vigilancia ante situaciones de violencia, bullying o ciberacoso cometidos por sus hijos.

La medida alcanza tanto los casos de hostigamiento entre estudiantes como las agresiones dirigidas a profesores, directivos o personal no docente. Además, busca garantizar entornos educativos seguros, cuidar la salud emocional de niñas, niños y adolescentes y reforzar el trabajo entre escuelas, familias y Estado.

El foco ya no está solo en “qué hace la escuela”, sino también en qué responsabilidad toman los adultos fuera del aula.

El proyecto también incluye modificaciones al Código Contravencional provincial —en los artículos 64, 64 bis y 64 ter— para ampliar las sanciones y precisar las responsabilidades en estos casos.

El Gobierno provincial busca que las situaciones de acoso escolar y bullying se resuelvan desde la raíz.

“Guiarse”, la herramienta institucional que ya funciona en las escuelas

Los conflictos familiares son el útil escolar con el que los adolescentes llegan a las aulas. Con mil denuncias anuales y reclamos diarios en la subdirección de Bienestar Escolar, dependiente del ministerio de Educación, la comunidad educativa en San Luis enfrenta una realidad compleja: chicos que usan la violencia para expresar sus emociones. La tiza de los docentes, la Guía Única e Integral de Abordaje Rápido para la Salud Escolar o “Guiarse”.

En 170 páginas, “Guiarse”, elaborado por el ministerio de Educación, recorre con minuciosidad protocolar cómo contener a los alumnos en más de 72 posibles escenarios conflictivos dentro y fuera de las aulas.

Contempla episodios de violencia, bullying, discriminación, abuso sexual, fallecimientos y autolesiones, asistencias en casos de consumo problemático y venta de sustancias ilegales, ausentismo escolar, trata de personas, trabajo infantil, crisis emergentes en trastornos del espectro autista y trastornos médicas y psicológicos.