Tribuno Puntano

Según la acusación, entre noviembre de 2023 y septiembre de 2024, Moreira habría ordenado y supervisado procedimientos en los que no se labraron actas correctas ni se respetaron los protocolos de secuestro, algunos bienes desaparecieron y otros fueron distribuidos o devueltos sin registro oficial. 

Los hechos imputados incluyen:

Un allanamiento del 3 de noviembre de 2023 en calle Eulalio Astudillo donde se incautaron elementos sin testigos y sin asentamiento en el acta. 

El 7 de mayo de 2024, la detención de un vehículo con mercadería incautada, de la cual se afirma que el 50 % fue distribuido entre el personal policial. 

La alteración del número de serie de una notebook incautada en mayo de 2024 por un allanamiento en la que se borró el dato previo al ingreso al depósito judicial. 

Un procedimiento del 23 de julio de 2024 donde un arma de fuego fue incautada sin registro y devuelta al día siguiente. 

Otro procedimiento del 31 de agosto de 2024 con incautación de dos bicicletas en el que no se labró acta. 

Como medida de coerción, la jueza de Garantía N° 4, Luciana Banó, ordenó que Moreira firme el libro de imputados durante dos meses. 

El defensor oficial en lo penal N° 3, Carlos Salazar, cuestionó la calificación legal y defendió que “siempre estuvo a derecho y no ha interferido en la investigación”.

La imputación se inscribe en un contexto más amplio de exigencia pública por mayor transparencia y eficacia en los procedimientos policiales en la provincia.