Tribuno Puntano

Por Marina Rubio

A muchos el tiempo nos falta. El día debería tener mínimo 40 horas para que sea más rendidor. Pero a otros, al parecer, les sobra. Al menos eso ha demostrado la Justicia de San Luis que todavía mantiene la suspensión del juez de Garantías de Villa Mercedes, Santiago Ortiz, y, hasta el momento, parece todo encaminado a llevarlo ante un Jurado de Enjuiciamiento que, al final del debate, determinará su posible destitución como magistrado. El juicio podría ser la primera semana de diciembre, estimó su defensor, Roberto Pereira.

La razón que catapultó la medida es una nunca antes vista. Un abogado, que no litiga en el fuero penal, decidió denunciarlo y detonó todo. Su argumento fue el intento de apartamiento, en marzo, que planteó el juez en la causa Molino Fénix; aquella polémica que tiene imputados por un pesado combo de delitos a varios exfuncionarios del Gobierno de Alberto Rodríguez Saá.

Un caso en el que, a simple vista, el denunciante “no pincha ni corta”. Carlos Desiderio Díaz denunció al magistrado, con toda la penosa burocracia que eso demanda: motorizado por un motivo, hasta ahora, desconocido, como lo es él en la causa de la exdiputada albertista “Anabela Lucero & Company”.

El abogado del magistrado ya contestó la acusación. Y no le dio respiro al teclado de su computadora cuando tuvo que cumplir con el debido procedimiento de responder dicha acusación. Tenía mucho que decir y no se guardó nada. Plasmó todo en un extensísimo escrito en el que, en esencia, le pide al Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados que desestime la acusación, resuelva su rechazo total y mantenga a su cliente en su puesto en el Juzgado de Garantías. Enumera cada una de las pruebas que avalarán, a su modo de ver, la versión de Ortiz, reservando siempre la posibilidad de ampliar esos elementos probatorios cuando el proceso se lo permita.

También deja en claro en varios pasajes de ese documento lo insólito que le resulta el hecho de que la Justicia de San Luis haya llegado hasta este punto límite con un juez denunciado por algo que ni siquiera considera un delito sino, cuanto mucho, una falta. Pero jamás un delito, sobre todo porque existen antecedentes de sobra tan gravosos en la Justicia de esta provincia; que tuvo jueces destituidos, entre ellos a una exjueza que entregó costosos vehículos que luego fueron usados por “piratas del asfalto”, entre otras malas hierbas.

Pero antes de adentrarnos en la contestación al Jurado de Enjuiciamiento de San Luis de parte del defensor y sus 102 páginas, esta periodista aclarará algo sobre la acusación contra Ortiz. Al hecho de que ya dos fiscales renunciaron, se le suma que la segunda denuncia contra el juez suspendido, impulsada también por Díaz, por lo visto, no llegó al puerto esperado.

Díaz acusó al magistrado por “presionar” a una fiscal que, dicho sea de paso, renunció a su cargo a días de venírsele encima un juicio político por varios allanamientos irregulares que habría ordenado, en los que habría secuestrado dinero que nunca quiso devolver. Para poner en contexto, el actual magistrado suspendido había denunciado un delito gravísimo en noviembre de 2023 y esa denuncia recayó en manos de la exfiscal Daniela Torres. Esta cronista no mencionará la naturaleza del delito denunciado por Ortiz, solo se limitará a decir que fue uno de los que marcan a fuego y cambian la vida de la persona que lo sufre para siempre y también de la familia que la contiene.

Pasó un año y medio y, desde esa Fiscalía, no se movió ni un oficio, más allá de un allanamiento a la casa del denunciado que, como si fuera poco, también es abogado. Está identificado con Alberto Rodríguez Saá. Algo que, a la postre, le fue muy redituable. Ocupó algunos cargos como funcionario.

Bueno, Torres terminó apartada de esa causa, porque en un año y medio no le formuló cargos al letrado denunciado que, más de uno dice, compartía asados con el juez Alfredo Cuello por una especie de parentesco que los une. Díaz apuntó contra Ortiz porque, a su entender, “presionó” a la ahora exfiscal para que se moviera e investigara. Pero todo indica que esa segunda denuncia contra el magistrado suspendido quedó a medio camino y no prosperó hasta esta instancia.

El denunciador: el enigmático del caso

Al inicio de su contestación Pereira ya anticipa que analizará “las supuestas ‘mentiritas’ que el Dr. Cuello le enrostró al Dr. Ortiz”, destacará “la diferencia de calidad jurídica, intelectual y expresiva entre el fallo de primera instancia y el dictado por el Tribunal de Impugnaciones” y que quedará claro que “no existió por parte de Ortiz, las conductas reprochadas por Cuello”.

Remarcó que lo que debería llevar a un juez hasta este estadio de Jury no debe ser una irregularidad, sino varias y graves, a tal punto de causar el desprestigio del Poder Judicial. En ese punto Pereira no le esquivó a nada y dijo a secas y con mayúscula: "Hoy múltiples hechos que han motivado en nuestra ciudadanía un verdadero desprestigio del Poder Judicial, no siendo el caso que nos ocupa uno de ellos”.

El letrado tampoco ocultó su sorpresa por el denunciante que logró llevar a la suspensión del magistrado. Calificó de “curiosa e inédita” a la situación, pues Díaz no tiene vinculación o no tendría relación con ninguna de las causas por las que apuntó contra Ortiz.

“En todos los procesos de destitución de magistrados que el recurrente conoce, los denunciantes han sido las partes o sus letrados en las causas que motivan la denuncia o han sido funcionarios u órganos públicos”, refiere. Y tilda a Díaz de “un ciudadano que asume el rol de ser un ‘justiciero’, que no expresa ni explicita su ‘interés’” en todo esto.

Sostuvo que demostrará que cometieron “una flagrante violación al debido proceso formal, por no existir en este caso de remoción, un juez impartial e independiente”.

En varios momentos de su vasta contestación, Pereira plantea numerosas preguntas de las cuales espera respuestas, muchas de ellas yendo a la carga contra un sistema de acusación que hasta hace tres años estuvo vigente en la provincia, pero todavía parece estar vivo. “¿Qué garantías y qué derecho de defensa va a existir en un proceso de destitución en el que el tribunal que va a sentenciarlo ya ha emitido una opinión sobre la cuestión, le instruyó el sumario, le formó causa y lo suspendió?”, es el tipo de cuestionamientos que más abunda en el documento.

Cuando el rudimentario sistema de acusación estuvo vigente en San Luis, y lo estuvo durante tantos años, era bien sabido que el juez investigaba una denuncia, reunía las pruebas y después le giraba la causa al fiscal.

Con ese sistema, el acusado casi nunca tenía posibilidad. Por lo general, tenía en su contra al juez y al fiscal. E iba derecho al procesamiento y, dependiendo de la gravedad del delito, también al penal no por meses, como ahora, sino por los años de los años, amén; hasta que el juicio en su contra tuviera un espacio en la agenda de los camaristas; que realizaban debates orales con un espacio entre uno y otro, a veces, de meses.

Pero continúo con Ortiz y su presente. Con ese modelo, con el que la Justicia hizo lugar a la formación de causa, lo que condujo a la automática suspensión del juez de Garantías, a Pereira le deja claro como el agua que esa decisión ya es “todo un adelanto de la opinión del jurado sobre el caso”. Así pareciera que “es el propio Jurado el que debe llevar adelante el juicio y acusar”. Y vuelve a plantear: “¿No está ya el Jurado adelantando opinión? ¿No está provisionalmente afirmando que el magistrado debe ser sometido a proceso porque estima que el mismo merece ser destituido?”.

Remarca, entonces, que el Jurado debe ser imparcial e impartial. Para eso debería recibir la causa prístina y virginalmente, cuando la acusación ya está formulada; y no intervenir antes y después en la misma causa. Para ser más didáctico y no dejar dudas, apela a la jerga futbolística para expresarse y dice: “el Jurado pretende tirar el centro y cabecear” y no satisfecho con eso también busca “atajar y ser árbitro”.

En ese contexto, Pereira se arriesga y hasta se anima a deslizar la posibilidad de que este tal vez sea un caso de “inconstitucionalidad dentro de la propia Constitución”. Resume todo eso en una justa y coherente afirmación: “El que investiga no puede juzgar”.

Recuerda e insiste en lo que plasma el reciente Código Procesal Penal, en su artículo 6, cuando habla sobre la función de los jueces. Es decir, queda prohibido a los jueces realizar actos de investigación, solo podrán autorizar medidas probatorias y de coerción a petición de parte.

Apunta en otro pasaje que la ley del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados no le da la chance al procurador de no acusar, pues expresa que “deberá” sí o sí formular acusación.

“Nos encontramos con un proceso en el que se le endilga al dr. Ortiz haberse excusado indebidamente en una causa”, plantea el defensor y subraya que, por esa aislada excusación “el acusador entiende que ha incurrido en ‘graves irregularidades en el procedimiento que hayan motivado el desprestigio del Poder Judicial, lo que para cualquiera puede resultar una afirmación desproporcionada”. En esa parte indica que si fuera por eso tendría que mencionar las numerosas irregularidades y reprochables conductas, realmente graves, que dejaron por el suelo al Poder Judicial ante los ojos de los ciudadanos. No le bastarían las hojas para enumerarlas a todas.

Las perlitas del juez Cuello: “Los chicles del ‘Kiosco Santiago’”

Pereira afirma que, a su manera de ver, el fallo del juez Cuello constituye la columna vertebral y todo el andamiaje que sostiene la acusación contra su cliente. No obstante, transcribe gran parte de la resolución en la que el magistrado pidió su apartamiento de la causa Molino Fénix.

Este medio mencionará a grandes rasgos que, según la versión de Ortiz, el 26 de febrero de 2025 su hermano le avisó que lo había llamado a su celular Joaquín Beltrán (pareja de Lucero y uno de los imputados en el escándalo del Molino Fénix). El diputado provincial quería rentar de manera temporal uno de los tantos inmuebles que la familia Ortiz destina para alquileres y que, incluso, figuran en el popular sitio web Airbnb. De ese negocio se encargan el hermano del letrado y su madre, explicó el ahora suspendido juez. Él no participa, aseveró.

Asimismo, con la polémica causa que expone la corrupción del Gobierno albertista que debía presidir en las audiencias, el magistrado le pidió a su hermano que le devolviera el dinero a Beltrán, para dejar sin efecto la locación. Todo ello “a los efectos de evitar cualquier tipo de confusión o duda respecto a mi persona o de mi actuación imparcial como juez de Garantías, en la causa que tramita en la Fiscalía de Instrucción 3, y en la cual los sres. Beltrán y Lucero, entre otros, son investigados (…) En razón de todo lo manifestado es mi deber excusarme”, argumentó Ortiz.

Cuello debía resolver si hacía lugar a dicha excusación. Y, fiel a su estilo, el titular del Juzgado de Garantías 1 de Villa Mercedes dejó varias perlitas. “Ortiz miente, yerra o cuando menos luce apresurado por irse, cuando dice alejado de la verdad y sin verificar lo realmente sucedido”, lanzó.

Manifestó que “Santiago Ortiz debe ser responsable, no informar algo que no ocurrió u ocurrió de una manera diferente o no agigantar sus emociones y tendría que haber seguido el consejo que le di”. La sugerencia de la que hablaba fue tan cruda como suena y la resaltó con mayúscula: "Ponete los pantalones largos”. Dijo y siguió bombardeándolo con misiles semánticos. “Pero prefirió los cortos y salió a jugar con la garantía constitucional del ‘juez natural’ utilizando para ello desde la exageración hasta la mentira. No es de extrañar que el día de mañana, el juez que está pretendiendo irse, al no obtener éxito en la actualidad, amañe otra nueva causal de alejamiento: podrían algunas de las partes comprar chicles en el ‘Kiosco Santiago’, por ejemplo", le adjudicó sarcásticamente y fue por más: “Estaré atento a ello y espero que el Tribunal que en definitiva decida, me ayude y le marque la cancha, señalándole sus obligaciones y deberes, no aceptándole partir o huir temeroso”.

Pereira, por supuesto, le dedicó su espacio, en su respuesta a la acusación, a semejante manera de expresarse de Cuello. Después de calificar su lenguaje como “poco técnico por cierto y alejado de la sobriedad que debería primar en una sentencia judicial”, sostuvo que es erróneo tildar de “mentirita” a la afirmación de su asistido. “El dr. Ortiz consideró que debía excusarse ante esa truncada contratación, operación que en su fuero interno consideró con algún grado de reserva”.

Dicho eso, volvió a remarcar que su cliente no administra, ni recibe pagos o transferencias de terceros por los alquileres. “Se trata de una ‘sociedad de hecho’ familiar, con bienes inmuebles pertenecientes a los dos hijos y su madre, cuyo funcionamiento reitero, se basa en acuerdos verbales desde hace años, acuerdos que se van adaptando a las circunstancias existentes y variables en el tiempo”, fundamentó el letrado.

Como un contraste abismal entre la resolución de Cuello y la del Tribunal de Impugnaciones, el defensor transcribió parte de la resolución del Tribunal, que fue por otro camino, uno “sin frases altisonantes y con prudencia”.

“No hay base para admitir la excusación del Dr. Santiago Andrés Ortiz, dado que no se advierte una causal de entidad suficiente para justificar su apartamiento (…) De conformidad con ello, corresponde hacer lugar a la oposición formulada por el Sr. Juez de Garantías 1, Dr. Alfredo Osvaldo Cuello. Y, en consecuencia, rechazar el planteo excusatorio del Sr. Juez de Garantías 4”, reprodujo sobre el fallo del Tribunal de Impugnación.

Y, para terminar, una de Bourdieu

Hacia el final de su contestación, el abogado del magistrado adelantó que presentará como testigos a dos fiscales y hasta un periodista de Villa Mercedes, que hace muchos años se desempeña en la televisión. Entre las tantas pruebas que exhibirán estarán las conversaciones por WhatsApp con Beltrán, la documentación de los inmuebles de la familia Ortiz, así como el requerimiento de realizar una inspección ocular en esos departamentos en alquiler.

Pero antes de enumerar la evidencia que presentarán, el defensor volvió a la carga contra el denunciante. Expresó que, además de distraer a los miembros del Jurado con una causa que “no debió jamás llegar a esta instancia”, todavía no encuentra explicación a ese denunciante “justiciero” y que piensa tanto en la sociedad, sin esperar nada a cambio. “Afirma que lo mueve un interés como ‘ciudadano’, sin expresar concretamente en qué consiste ese ‘interés’”, remarcó y señaló que Díaz tampoco dio detalles ni presentó evidencia.

“Es el primer caso en nuestra provincia que se inicia un proceso de destitución de un magistrado, motorizado por un ciudadano que no tiene ‘ni arte, ni parte’ en los procesos sobre los cuales basa su denuncia”, aseveró. Y le dejó picando una frase del famoso sociólogo francés Pierre Bourdieu, una en la que aseguró que no hay “actos sociológicamente desinteresados puros”.