Tribuno Puntano

Qué firmó San Luis y qué promete cambiar en los plazos

El convenio entre la Provincia y la SRT ofrece una etapa administrativa prejurisdiccional obligatoria: conciliaciones más ágiles, comisiones médicas con plazos acotados y la creación de auditorías médicas para resolver conflictos en 60 días, con la expectativa de reducir las demoras judiciales que mantienen a cientos de expedientes paralizados. 

La actualización nacional del baremo: técnica y alcance temporal

Por su parte, el Gobierno nacional reemplazó el Anexo I del Decreto 659/1996 mediante el Decreto 549/2025, introduciendo una tabla de evaluación de incapacidades que incorpora avances médicos y tecnológicos y busca un criterio técnico único en todo el país. La norma dispone que la actualización entrará en vigor 180 días después de su publicación —esto es, en febrero de 2026— y será de aplicación para toda valoración de incapacidad no resuelta hasta ese momento. Además, impulsa la conformación de cuerpos médicos forenses especializados (Ley 27.348) para asegurar pericias con formación específica. 

¿Por qué la conjunción de medidas importa en San Luis?

Con todo ello se pretende, tanto en el ámbito nacional como provincial:

• Uniformidad técnica: la tabla nacional reduce criterios dispares entre jurisdicciones; 
• Rapidez en el pago: el acuerdo provincial promete resoluciones administrativas en plazos acotados (60 días), con el objetivo de que la indemnización llegue antes que en la vía judicial tradicional. 

Pero ello trae un riesgo que preocupa a los abogados laboralistas y es el “Riesgo de presión administrativa” la combinación puede derivar en una situación compleja y para los trabajadores ya que, la solución administrativa rápida sea presentada como la única opción viable —lo que podría empujar a trabajadores a aceptar ofertas menos favorables por la urgencia de cobrar.

A favor y en duda

Entre quienes están de acuerdo con la adhesión y actualización del Baremo concuerdan que ello traerá menos litigios prolongados, menos costos procesales, mayor celeridad para el cobro de la indemnización del trabajador y un estándar técnico moderno para evaluar secuelas. Como asi también, la promoción de cuerpos médicos forenses y auditores puede elevar la calidad de las pericias. 

La preocupación por parte de los letrados laboralistas se centra en que la rapidez no puede ser excusa para sacrificar la tutela efectiva. Entre los riesgos que conviene evitar están: (1) decisiones administrativas tomadas por mecanismos poco transparentes; (2) presión para aceptar acuerdos exprés por miedo a la demora judicial; (3) aplicación inconsistente del nuevo baremo si no hay capacitación y control; y (4) posible desplazamiento de la pericia independiente por auditorías que, si no son autónomas, podrían favorecer criterios de las aseguradoras.

Oportunidad que exige prudencia

El acuerdo entre San Luis y la SRT y la actualización del baremo nacional representan un paso importante hacia un sistema de riesgos del trabajo más ágil y tecnificado. No obstante, el beneficio real para los trabajadores dependerá de cómo se implemente: con transparencia, capacitación, controles y garantizando la opción judicial. Si se cuidan esas variables, la promesa de menos juicios y pagos más rápidos puede transformarse en justicia real; si no, la rapidez puede traducirse en indemnizaciones menos reparadoras y en nuevas formas de informalidad procesal.