Tribuno Puntano

Qué ocurrió en Tribunales

La jueza de Garantía N.º 4, Luciana Banó, presidió la extensa audiencia en la que el Ministerio Público Fiscal —a cargo de las fiscales Linda Maluf y Roxana Alcaraz— formuló cargos por fraude a la administración pública, abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público. Además de los tres ex ministros, fueron imputados dos ex intendentes por convenios que, según la acusación, recibieron millonarias transferencias y no registran obras concluidas en los lugares señalados. 

Medidas y alcance de la investigación

Tras la formulación de cargos, el tribunal adoptó medidas de coerción: firma del libro de imputados, prohibición de salida de la provincia por 120 días (salvo excepciones por funciones públicas) e inhibición general de bienes por igual plazo. La Fiscalía detalló transferencias millonarias en varios convenios (La Toma, San Francisco, Cortaderas) y describió un patrón repetido: anticipos girados y rescisión de contratos sin constatar ejecución de las obras. 

La defensa y el discurso político

Los imputados y sus defensores rechazaron la acusación. Ernesto “Pipi” Alí —hoy diputado nacional— negó irregularidades y llegó a decir en Tribunales: “salí más pobre que cuando entré”, subrayando que se trata de una persecución política y reclamando que la práctica de obra pública tuvo ejecución en terreno, con trabajadores presentes. Luciano Anastasi se presentó como empresario y atribuyó las imputaciones a un contexto político; Claudio Latini, que enfrenta además otras causas, prefirió abstenerse de declarar y dejar la defensa en manos de su representante. 

Lo que la Fiscalía sostiene y lo que preocupa

La acusación del MPF no se limita a errores administrativos: la fiscalía sostiene que hay indicios de dolo por la reiteración del modus operandi —anticipo, ausencia de avances y rescisión previa a cambios de gestión— lo que, a su juicio, configura un fraude al Estado. Para la Fiscalía de Estado, la pauta es clara: no se trata solo de contratos que quedaron truncos por la coyuntura económica, sino de una operatoria que se repitió en distintas localidades con las mismas características. 

Impacto político y social

El caso trasciende lo penal y entra en lo político: involucra a ex funcionarios ligados al gobierno de Alberto Rodríguez Saá y obliga a revisar controles en la ejecución de obra pública provincial. Además, la difusión mediática y las declaraciones públicas de los imputados alimentan la polarización: para unos es una investigación necesaria por daño al erario; para otros, una maniobra de persecución política. En el medio quedan los vecinos y las comisarías —las obras prometidas— que, según pericias, en muchos casos no se concretaron. 

La causa continuará su trámite: la investigación recopilará documentación, peritajes y declaraciones que deberán demostrar si hubo o no dolo y quiénes fueron los responsables efectivos. Hasta entonces rige la presunción de inocencia, pero la fiscalía reclamó medidas cautelares proporcionales ante el riesgo de dilución del crédito público