Tribuno Puntano

Lo que resolvió el Jurado

El Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios admitió una denuncia formulada por el abogado Carlos Díaz y dispuso el apartamiento preventivo de Ortiz, quien cobrará el 50% de sus haberes mientras dure la instrucción. La resolución fue firmada por los vocales que componen el cuerpo, según informó la prensa local. 

Los hechos que motivan la investigación

La admisión de la causa alcanza dos ejes principales: por un lado, la excusación que Ortiz presentó en la causa por el vaciamiento del Molino Fénix, en la que figuran entre los imputados la ex diputada Anabela Lucero y el actual diputado provincial Joaquín Beltrán. Ortiz se apartó invocando “razones de decoro y delicadeza” por un alquiler que, dijo, vinculaba a su familia con una propiedad relacionada con Beltrán. Esa excusación fue remitida por subrogación al juez de Garantía N°1, Alfredo Cuello, quien rechazó el apartamiento con críticas duras, según lo que se difundió en medios locales calificó la maniobra del magistrado como una escape y cuestionó la veracidad de sus motivos en duras expresiones plasmadas en su resolución. 

Por otro lado, la denuncia incluye una causa de instancia privada que lo acusa de haber ejercido “presión inusitada” sobre empleados de la fiscalía y áreas especializadas —entre ellas Delitos Complejos— en el marco de una investigación por delitos contra la integridad sexual de una menor. Ambos ejes integran el expediente que ahora será investigado en sede disciplinaria. 

Consecuencias institucionales y política de la medida

La suspensión de un juez es una decisión excepcional que busca preservar la imparcialidad de los procesos mientras se esclarecen los hechos. En este caso, la medida obliga al Poder Judicial provincial a sostener un equilibrio complejo: preservar las garantías de la magistratura investigada y, al mismo tiempo, ofrecer a la sociedad explicaciones claras sobre los motivos y el avance del trámite disciplinario. La reducción al 50% del sueldo y el apartamiento preventivo son señales de la gravedad que el Jurado atribuye —al menos en esta etapa— a las imputaciones. 

La admisión de la causa contra el juez Ortiz y su suspensión preventiva son hechos que deben ser seguidos con rigor institucional. El Poder Judicial tiene la responsabilidad de conducir la investigación con celeridad y transparencia, porque la legitimidad del sistema exige que los controles internos funcionen y que, cuando correspondan, las sanciones se apliquen sin miramientos. La ciudadanía merece saber que la justicia se autocorrige y que la imparcialidad no es una mera consigna sino una práctica defendida con hechos.