Esta semana el Gobierno dio un paso clave para la aplicación de un importante cambio en el sistema laboral argentino: el remplazo de las indemnizaciones por el “Fondo de Cese”, lo que despertó nuevamente las inquietudes de especialistas de derecho laboral y sindicalistas de Mendoza, aunque también generó ciertos elogios.
Concretamente, la Comisión Nacional de Valores (CNV) dispuso un proceso de consulta pública para reglamentar los llamados “Productos de Inversión Colectiva de Cese Laboral”. Lo que significa que se “invita” públicamente a la ciudadanía a presentar sus inquietudes y propuestas sobre la implementación de estos “PICs de Cese Laboral“, que pueden manifestarse como Fondos Comunes de Inversión Abiertos (FCI) o Fideicomisos Financieros (FF).
Este proceso es un avance para una futura aplicación de estos Fondos que reemplazarán a las históricos indemnizaciones, posibilidad que nació en 2024 con la promulgación del Decreto 847/2024. En otras palabras, es considerado como el “modelo UOCRA”, porque es el que se aplica en el sector de la construcción y es avalado por el gremio.
Aunque el Ejecutivo nacional anunció la medida como una modernización del sistema laboral que “impulsa el desarrollo del mercado de capitales” (en palabras de Roberto Silva, presidente de la CNV), la idea de un remplazo de las tradicionales indemnizaciones por antigüedad, generó el rechazo de los sindicalistas, así como interrogantes de los juristas y el elogio del sector empresarial.
Celeste Cantos, presidenta de la Comisión de Derecho Laboral del Colegio de Abogados de Mendoza, explicó que, a su entender, este cambio “afecta a la estabilidad del trabajador“, ya que, “debilita la previsibilidad”.
Es decir, al darle esta herramienta al empleador, éste puede determinar el despido en cualquier momento sin el costo que supone pagar una indemnización.
Sobre esto último, Cantos indicó: “El despido se considera un acto ilícito, por eso se afronta una indemnización costosa, por su naturaleza”.
De esta manera, a ojos de la especialista, “si hay un fondo establecido, no va a existir esta penalización”, y será para el empleador “menos costoso” porque ya estará “proyectando el costo del despido”. Y remató: “Buscan (en alusión al Gobierno nacional) facilitar el despido“.
Sin embargo, hay en Mendoza quienes sostienen que este nuevo sistema traerá importantes ventajas para las empresas empleadoras. Daniel Garro, economista mendocino, definió que “a las empresas se les baja mucho el costo laboral, porque entonces no tienen que pagar indemnización por despido de ‘un saque'”.
Además, indicó que el aporte que hace el trabajador “es lo que corresponde“, ya que se está “juntando plata por si algún día te quedás sin trabajo”. Y sintetizó que el Fondo de Cese hará que el empleado sea “responsable, en alguna medida”.
Otro gasto que el economista entiende innecesario para las empresas es el de abogados y procesos legales que son desatados en el sistema actual de indemnizaciones. Para Garro: “Se termina la ‘industria del juicio’ en alguna medida, porque como eso (el fondo) se va juntando ahí, después no hay reclamos de ningún tipo, entonces los vivos de los abogados se quedan sin un gran negocio”.
El secretario gremial de SIPEMOM (Sindicato del Personal de Micros y Ómnibus de Mendoza), José Mica, sostuvo que el cambio es “injusto e ilógico“, pero indicó un aspecto distinto al resto de planteamientos que tampoco ha sido esclarecido por el momento: los casos de aportes al momento de jubilarse.
“¿Qué pasa con los aportes?“, se preguntó el sindicalista mendocino, y graficó: “Si entrás a los 20, hacés el aporte del 8% (una estimación), y te retirás a los 65, se perdería todo lo aportado. No sería lógico”.
Por este motivo, Mica definió el cobro mensual que sería aplicado con este sistema como “un impuesto más que se le cobra al trabajador”, ya que sería un agregado aparte del aporte del sistema integral de seguridad social para jubilados y pensionados, que según la Ley 19.032 supone la retención del 3% del sueldo.
Ante estas dudas, y el rechazo general a la eliminación de las indemnizaciones, el secretario aseguró que desde SIPEMOM harán los planteamientos necesarios, pero que aún “está todo muy verde“, por lo que se mantienen expectantes.
Sobre el punto de las jubilaciones, el Decreto 847/2024 establece (en el artículo 8, inciso J, del anexo 2), simplemente, que “el Sistema de Cese Laboral deberá especificar su funcionamiento ante la jubilación del trabajador“, es decir, que el aspecto que planteó Mica aún no fue detallado.
El sistema funcionaría a partir de un aporte mensual compartido entre empleador y empleado, que iría acumulándose hasta que sea aplicado el despido de un trabajador.
El porcentaje del sueldo que sería retenido para este fondo oscilaría los entre el 12% y 8%, al utilizar como ejemplo el sistema aplicado por la UOCRA para trabajadores “temporales“, destacado como tal por Milei a fines de 2023.
Sin embargo, los detalles del sistema, como el porcentaje retenido para el Fondo, serían delimitados en los Convenios Colectivos de Trabajo (CCT), lo que son acordados entre cada sindicato y los empleadores de un determinado sector, ya sean agrupados en organizaciones o por su cuenta. Las negociaciones son supervisadas por el Ministerio de Trabajo, quien puede intervenir si ambas partes no llegan a un consenso.
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